Juan Ribera, integrante del O.D.I.A, habló en LV12 sobre "Reconoceme", una campaña para concientizar sobre los riesgos del "reconocimiento Facial".
La ONG Democracia en Red y la Asociación Civil sin fines de lucro O.D.I.A (Observatorio de Derecho Informático Argentino), lanzaron la campaña "Reconoceme", una iniciativa de concientización para advertir sobre los riesgos del sistema de reconocimiento facial.
En este contexto, LV12 Radio Independencia se comunicó con Juan Ribera, integrante del O.D.I.A.: "Esta campaña está buscando una alerta y un llamado a la acción, decimos alerta porque están tomando mucha fuerza e iniciativa algunos discursos que denominamos 'tecnosolucionistas' que se están instalando desde el Gobierno y desde ámbitos públicos y mediáticos, de creer que todo avance en la implementación del desarrollo tecnológico es bueno per se porque significa un impacto positivo. Entonces, estas tecnologías que dicen ser inocuas o neutrales y carentes de errores, entendemos que es falso y queremos ponerla en discusión".
Sobre el funcionamiento del reconocimiento facial por parte del Estado, Ribera explicó el caso de la Ciudad de Buenos Aires, caso que estudiaron, donde en 2019, el Gobierno de la ciudad mediante una Resolución administrativa implementa este sistema con el propósito de buscar "prófugos". Por este motivo, cuando se conoce esta noticia, desde O.D.I.A comenzaron a investigar su desarrollo, parámetros, creadores, estándares de seguridad y demás, y al mismo tiempo estudiaban casos internacionales, sobre qué estaba pasando en el mundo con estos sistemas.
"Ahí tomamos conocimiento de que muchas de las ciudades que lo habían implementado, habían comenzado una carrera de desinstalar estos sistemas de la vía pública producto de los sesgos discriminatorios que estaba teniendo la herramienta tecnológica, y por la cantidad de violaciones que estaba generando a la intimidad, a la integridad, al derecho de la ciudadanía en general. Es decir, en pos de buscar algo concreto y garantizar la seguridad, se estaban vulnerando los derechos de las grandes mayorías de la ciudadanías", detalló.
Tras esta investigación, se realizó en la Justicia una pericia que terminó comprobando que "la Ciudad de Buenos Aires había estado solicitando los datos biométricos de 7 millones de personas cuando los prófugos eran 35 mil". Asimismo, comprobaron que 16 mil personas estaban en el listado de prófugos o estaban siendo buscadas "sin ser parte del dictado origininal" y sin justificación alguna.
Finalmente, indicó que lo que buscan con esta campaña "es un llamado a la acción, a la participación y a la discusión colectiva de la ciudadanía a pensar y reflexionar de qué forma, con qué cuidados y con qué regulaciones vamos a ir incluyendo los avances tecnológicos que son imparables en nuestras vidas cotidianas".
