La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) manifestó su “profunda preocupación y rechazo” al Decreto 612/2026. A través de un comunicado, consideraron que representa un retroceso respecto de una medida que había sido reclamada por el empresariado y que, en un comienzo, se había planteado con un esquema voluntario.
El malestar empresario se concentra en la distancia entre los objetivos que, según la entidad, había planteado el Gobierno al impulsar la modernización laboral y el contenido de la reglamentación posterior. En ese sentido, desde CADAM reclamaron: “Pedimos coherencia entre los objetivos anunciados por el Gobierno al impulsar la modernización laboral y la reglamentación posterior”.
El reclamo de los empresarios
Para los empresarios, el problema no es solamente el contenido del decreto, sino también el cambio de expectativas que generó. La reforma laboral había sido presentada como parte de una agenda destinada a reducir costos, eliminar regulaciones y aliviar las cargas que pesan sobre las empresas.
En ese marco, la reglamentación de los aportes obligatorios es interpretada por CADAM como un retroceso respecto de ese objetivo. La entidad sostuvo que la medida “termina desvirtuando uno de los objetivos centrales planteados originalmente por la reforma laboral”: evitar que los empleadores deban financiar estructuras que incrementan el costo laboral.
El planteo expresa así una desilusión con el rumbo que tomó la reforma. Los empresarios esperaban que la modernización laboral avanzara hacia una reducción de las cargas que recaen sobre las compañías, pero advierten que la reglamentación mantiene obligaciones que, a su criterio, contradicen ese espíritu.
Cuánto cuesta un trabajador: el dato que preocupa al sector empresario
CADAM también puso el foco en el impacto que tienen las cargas laborales sobre el costo total de un trabajador. Según los datos difundidos por la entidad, por cada $2.128.749,84 que se aporta por un trabajador, este recibe en mano apenas el 65,67%, equivalente a $1.397.943.
El dato fue utilizado por los empresarios para reforzar su argumento de que cualquier reforma orientada a modernizar el mercado laboral debería reducir los costos que no llegan directamente al trabajador.
La preocupación del sector pasa, en este sentido, por evitar que la reglamentación termine sosteniendo mecanismos que habían sido señalados como parte de los costos que encarecen el empleo formal.
Sturzenegger y las expectativas que generó la reforma
El malestar empresario adquiere una dimensión particular porque la medida cuestionada está vinculada con una agenda de desregulación que había generado expectativas favorables entre distintos sectores del empresariado.
La referencia a Sturzenegger aparece, precisamente, en ese punto: CADAM recordó que la modificación había sido originalmente impulsada en el marco de la agenda de modernización laboral promovida por el Gobierno. Por eso, la reglamentación posterior es recibida como una señal contradictoria con las expectativas que había generado esa agenda.
Más que un rechazo general a la reforma laboral, el planteo empresario refleja la frustración por lo que consideran un cambio respecto del espíritu original de la iniciativa. De allí que el reclamo central sea que exista coherencia entre los anuncios de desregulación y las normas finalmente aplicadas.
El decreto abrió así un nuevo frente de tensión entre el Gobierno y un sector empresario que había respaldado buena parte de la agenda de reformas. Para CADAM, si la modernización laboral busca reducir costos y favorecer el empleo formal, la reglamentación no debería avanzar en sentido contrario.
