La Sociedad Rural Argentina (SRA) presentó una acción de amparo judicial contra el cobro de las retenciones por considerar que carecen de “sustento legal”, con el fin de que se declare la inconstitucionalidad e ilegitimidad del cobro de derechos de exportación con posterioridad al 1 de enero del año 2022.
El constitucionalista Martín Viola charló con LV12 Radio Independencia sobre si las retenciones son o no constitucionales. "Yo siempre parto de una premisa, porque hay que ser respetuosos de un sistema republicano. Si una norma, una resolución o una medida es inconstitucional es solamente cuando el Poder Judicial así lo declara, todo lo demás es una opinión", comenzó diciendo.
"Hay una controversia jurídica con respecto a las retenciones. Lo que pasa es que las retenciones como derecho aduanero es una especie de tributo, y se dice que la función tributaria es una facultad puramente legislativa", explicó.
"El código aduanero faculta al Presidente de la Nación a imponer, reducir o modificar ese tipo de retenciones. El inconveniente actual es que como no se aprobó el presupuesto para el 2022, estaría caduca la autorización por lo cuál el ejecutivo puede imponer las retenciones y por otro lado, muchos cuestionan la legalidad del código aduanero porque data de 1981 en pleno gobierno militar", detalló.
Por otro lado, Viola dijo que sería "sano" que el Código Aduanero sea modificado por el Poder Legislativo porque "estamos hablando de una ley que fue sancionada en plena dictadura militar".
Asimismo el constitucionalista se refirió al pacto fiscal de las provincias y los límites que se establecen. "El pacto fiscal independientemente de que lo firmen todos los gobernadores de las provincias, puede ir en desmedro frente a lo que es la autonomía de algunas provincias, por lo que podría haber algún planteo judicial por ese lado. La constitución no habla del pacto fiscal como una herramienta constitucional, es más bien una herramienta regional pero no tiene una protección constitucional el pacto fiscal", aseveró.