La ciudad de Río Tercero, ubicada en el centro de la provincia de Córdoba, era sacudida y seriamente dañada hace 25 años por una serie de explosiones intencionales ocurridas en las instalaciones de la planta local de Fabricaciones Militares, en un hecho destinado a encubrir un faltante de material bélico que había sido enviado por contrabando a Ecuador y Croacia, según lo determinado tiempo después por la Justicia.
Un cuarto de siglo después de esos hechos, el expresidente Carlos Menem será juzgado en los tribunales federales de Córdoba para determinar si tuvo responsabilidad en ordenar la ejecución de esas explosiones.
"Fue un hecho de una gran gravedad en el que hubo responsabilidades políticas que todavía debemos determinar. Hubo una estructura de poder que estuvo detrás de esas explosiones y eso es lo que determinó la justicia", señaló en declaraciones a Télam el abogado querellante Horacio Viqueira.
El 3 de noviembre de 1995, a las 8.55, tres explosiones desencadenaron la tragedia de Río Tercero que dejó siete muertos (todos ellos ajenos a la fábrica militar), más de 300 vecinos heridos y daños millonarios en una parte importante de la ciudad que quedó destruida como consecuencia de este estrago doloso.
Las dos primeras detonaciones se produjeron en la planta de descarga y la tercera, y más importante, tuvo lugar en el depósito expedición y suministros.
La investigación
En un principio, la justicia orientó la investigación hacia la hipótesis de un accidente, ocasionado por un desperfecto en la manipulación de un montacarga que había determinado que un tambor con trotyl se prendió fuego y se extendió a otros que contenían ese explosivo.
Pero años más tarde, pericias técnicas determinaron que el trotyl no puede estallar por acción de la llamas, ya que ese material sólo puede explotar con el accionar de un detonador.
La investigación judicial, en base a testimonios de los empleados, estableció que la noche anterior al estrago hubo personas no identificadas que ingresaron en las instalaciones de Fabricaciones Militares, con el objetivo de "acondicionar los elementos iniciadores del fuego, como asimismo disponer los detonadores y reforzadores necesarios para provocar horas más tarde las letales explosiones".
Otra prueba de la intencionalidad que estableció la Justicia fue la direccionalidad de las explosiones, cuyas ondas expansivas se dirigieron al sur y al este, donde se encontraban los empleados y el polo petroquímico de Río Tercero, que no fue alcanzado por los proyectiles que volaron por el cielo de la ciudad.
A las 17 de ese día y mientras se sucedían las explosiones, Carlos Menem se hizo presente en Río Tercero y en una conferencia de prensa afirmó que el hecho era producto de "un accidente". Carlos Menem también dijo que había que descartar el atentado e incluso les remarcó a los periodistas presentes: "Ustedes tienen la obligación de difundir esa palabra".
La trama oculta
¿Qué se pretendió ocultar con las explosiones? Entre 1991 y 1995, el entonces presidente Carlos Menem firmó decretos para vender armas a Panamá y Venezuela, que sin embargo terminaron en Ecuador y Croacia en operaciones de triangulación.
La presencia de armamento de origen argentino en estos dos países era un grave problema diplomático y político para el gobierno argentino de Carlos Menem, que había desplegado un contingente militar que integraba una fuerza de paz en Croacia, en el contexto de la guerra que atravesaba la ex Yugoslavia.
Y además, el país era garante de un acuerdo de paz entre Perú y Ecuador, que a principios de 1995 se enfrentaron en un conflicto armado por una disputa de límites.
En esos años, cañones, obuses y proyectiles, eran retirados de las unidades militares para ser llevados a la planta de Río Tercero con el pretexto de ser reparados, pero desde allí eran trasladados a distintos puertos para ser embarcados al destino requerido por los compradores.
En el verano de 1995, los casos de armas argentinas descubiertas en Croacia y Ecuador comenzaron a multiplicarse, y esos hechos se denunciaron ante la Justicia. En paralelo, los jefes de las unidades del Ejército que tenían material alojado en Río Tercero -que supuestamente estaba en reparaciones- comenzaron a demandar que fueran reintegrados a sus bases.
Las condenas
Con todos estos elementos, el Tribunal Oral Federal Número 2 de Córdoba condenó por estrago doloso seguido de muerte a Edberto González de la Vega, coronel retirado y director de Coordinación Empresaria de Fabricaciones Militares, a 13 años de prisión; a Carlos Franke, coronel retirado y director de Producción de Fabricaciones Militares, a 13 años; a Jorge Antonio Cornejo Torino, coronel retirado y director de la Fábrica Militar de Río Tercero, a 13 años; y a Marcelo Gatto, mayor retirado y jefe de la División Producción Mecánica a 10 años.
La sentencia fue confirmada por Casación y fue apelada por un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, que deberá decidir si la deja firme.
Beneficiado por distintas apelaciones Carlos Menem, quien resultó absuelto hace dos años en la causa por contrabando de armas a Ecuador y Croacia, deberá enfrentar a partir del 24 de febrero de 2021, y con más de 90 años, un juicio oral y público por su responsabilidad en estos hechos, acusado de estrago doloso.