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Un rosarino denunció al Estado por los daños que le provocó AstraZeneca

Un rosarino de 56 años demandó al Estado argentino por haberlo obligado a vacunarse y por los efectos de la vacuna AstraZeneca, que le provocaron una trombosis.

La polémica en relación a los "efectos secundarios" de la vacuna AstraZeneca contra el coronavirus continúa en nuestro país. Al caso que se conoció hace algunos días atrás en Córdoba, ahora se suma un paciente de Rosario que asegura haber sido afectada su salud con problemas derivados a los pocos días.

Roberto, rosarino de 56 años, productor de seguros y profesor de tenis se convirtió en el segundo caso en Argentina y el primero de la provincia de Santa Fe en presentar acciones judiciales por supuestos daños luego de la vacunación. Interpuso una demanda por daños y perjuicios en la Cámara Federal. Durante el 2021, una semana después de recibir la dosis de AstraZeneca sufrió un infarto.

En su demanda, acusa al Estado argentino de haberlo "obligado a ponerse esas vacunas", y extiende su reclamo al Ministerio de Salud, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (Dicei) y la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (Conaseva). Según su argumento, estas entidades tenían la responsabilidad de estar informadas sobre la controversia en torno a la vacuna, que ya estaba siendo retirada de circulación en varios países de Europa debido a problemas de seguridad.

Roberto aseguró que antes de la vacunación nunca había estado internado ni había presentado problemas de salud. Relata también que tras recibir la dosis, experimentó una sensación extraña y fiebre leve, síntomas que precedieron a la complicación de salud grave que casi le costó la vida.

"Tuve una trombosis. Se me tapó una arteria de las principales y las otras dos estaban perfectas. Me salvé de casualidad. Estuve 15 horas con el infarto, hasta que no sentí que me estaba muriendo no fui al médico", detalló.

La trombosis que sufrió le llevó a recibir un stent y ahora debe tomar medicación crónica de por vida, además de someterse a controles cardiológicos periódicos. Esta condición, afirma, ha limitado su capacidad para generar ingresos y afectado significativamente su calidad de vida.

Además, sostiene que varios profesionales de la salud le sugirieron que su cuadro podría ser consecuencia de la vacuna AstraZeneca. "Desde abril se sabía en Europa que esa vacuna traía problemas de trombosis y no la administraban en gente menor de 55 años", insistió.

En su demanda, Roberto critica la gestión del Estado y las autoridades sanitarias, a las que acusa de negligencia al no haber actuado con la debida precaución y diligencia al distribuir y administrar la vacuna. Su caso, señala, es un claro ejemplo de los riesgos asociados a la falta de supervisión adecuada en la implementación de campañas de vacunación masiva.

El caso Córdoba y las consecuencias

El caso de Roberto no es el único en Argentina. Esta semana también se conoció el caso de una mujer cordobesa que demandó al Estado y al laboratorio AstraZeneca. Según denunció, luego de haberse aplicado la tercera dosis contra el covid luego se enfermó con el síndrome de Guillain-Barré. La reparación que reclama la paciente cordobesa es de 100 millones de pesos a partir de la incapacidad del 75% que le impide caminar, moverse y controlar esfínteres, entre otros síntomas.

Estos casos podrían abrir la puerta a una serie de litigios en el país relacionados con las vacunas contra el COVID-19, especialmente en un contexto donde la confianza en las autoridades sanitarias se ve cuestionada.

Por su parte, Roberto espera que su demanda no solo le brinde justicia y compensación por los daños sufridos, sino también que sirva de advertencia y precedente para futuras campañas de vacunación. "Quiero que esto no le pase a nadie más. Que se tomen las medidas necesarias para asegurar que las vacunas sean realmente seguras y que las autoridades no actúen a ciegas", manifestó.

El proceso judicial se presenta complejo y podría sentar un precedente importante en la jurisprudencia argentina en relación a las vacunas contra el COVID-19. Las autoridades y las organizaciones involucradas deberán responder a las acusaciones y proporcionar evidencias que demuestren su actuación correcta y la seguridad de las vacunas administradas.

Mientras tanto, Roberto sigue sufriendo con las secuelas de su infarto y las limitaciones que esta condición le impone en su vida diaria. Su caso subraya la importancia de una vigilancia constante y rigurosa en la administración de productos farmacéuticos, especialmente en situaciones de emergencia sanitaria como la pandemia de COVID-19.

Este escenario también abre un debate sobre la responsabilidad del Estado y las farmacéuticas en la protección de la salud pública, así como la necesidad de políticas transparentes y basadas en evidencia científica para la toma de decisiones en salud pública.

FUENTE: mdz

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