El operativo fue liderado por la Comisaría de San Andrés, bajo la dirección del Comisario Adrian Onaindia y el Oficial Principal José Ale, con colaboración de diversos oficiales. La investigación, que comenzó tras la denuncia de la víctima, permitió el rastreo del teléfono sustraído utilizando tecnologías avanzadas que facilitaron el seguimiento del dispositivo en un radio de 30 metros.
El 18 de octubre de 2024, los primeros allanamientos se realizaron en los domicilios ubicados en calles Irineo Leguizamo y Anselmo Rojo, logrando secuestrar una funda del teléfono. A partir de nuevas pistas, el segundo jefe de la dependencia solicitó otros allanamientos, los cuales fueron autorizados por el juez Rodolfo Sebastián Norniella Parache, a instancias de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos de Robos y Hurtos.
Los nuevos procedimientos se llevaron a cabo en el barrio Salvador, donde finalmente se recuperó el teléfono robado, valuado en aproximadamente 1.100 dólares (1.400.000 pesos). Además, se procedió a la demora del ciudadano involucrado, quien fue trasladado a la dependencia policial para ser notificado de su imputación y verificar sus antecedentes.