El Ministerio Fiscal formuló cargos contra una mujer acusada de denunciar falsamente el robo de una motocicleta y luego venderla, generando un perjuicio económico a la compradora.
Este jueves 26 de marzo se llevó a cabo una audiencia para investigar, formular cargos y solicitar medidas de coerción contra la imputada (39), por ser presunta autora de los delitos de falsa denuncia y estafa, en concurso real.
De acuerdo a la teoría del caso, el primer hecho ocurrió el 10 de enero de 2025, cuando la acusada se presentó en la Comisaría Seccional 1° y denunció que personas desconocidas le habían sustraído su motocicleta marca Honda Wave, la cual (según su versión) había dejado estacionada sin medidas de seguridad mientras realizaba una entrega en calle San Juan al 700. La denuncia dio origen a actuaciones policiales y a un legajo judicial; sin embargo, la imputada habría actuado a sabiendas de que el hecho nunca existió, provocando así el despliegue innecesario del aparato estatal y afectando la correcta administración de justicia.
En un segundo hecho, ese mismo día, alrededor de las 18:00 horas, la acusada, con pleno conocimiento de la falsedad de la denuncia realizada, se reunió con la compradora en una estación de servicio ubicada en la plazoleta Mitre de San Miguel de Tucumán, donde le vendió la motocicleta denunciada como robada. Como contraprestación, recibió la suma de un millón de pesos y otra motocicleta, omitiendo posteriormente entregar la documentación necesaria para la transferencia del rodado.
Meses después, el 27 de agosto de 2025, durante un procedimiento policial en calle Fortunata García al 1400, personal de la División Robos y Hurtos detectó que el vehículo poseía pedido de secuestro en el marco de la denuncia previamente radicada, procediendo a su incautación. Como consecuencia, la compradora sufrió un perjuicio económico.
Con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de la investigación, el Ministerio Fiscal solicitó la imposición de medidas de coerción de menor intensidad (reglas de conducta) por el término de seis meses. La jueza interviniente hizo lugar en su totalidad a lo planteado por la Fiscalía.