Después de seis años, la Corte Suprema reactivó la investigación por delitos de lesa humanidad contra Carlos Pedro Tadeo Blaquier, dueño de la agroindustrial Ledesma SAAI y emblema de los casos de responsabilidad empresarial en crímenes cometidos durante la última dictadura. Con la decisión de tres de sus miembros y la disidencia de Carlos Rosenkrantz, el máximo tribunal dejó sin efecto la resolución de la Cámara Federal de Casación que en 2015 lo benefició con la falta de mérito. Los supremos acusaron al máximo tribunal penal de haber obstaculizado indebidamente el proceso y le reclamaron que dicte un nuevo pronunciamiento de manera urgente, que debería encaminar a Blaquier hacia el juicio oral.
Blaquier y el administrador del ingenio, Alberto Lemos, fueron procesados como partícipes necesarios de “La noche del apagón”, como se conoce a la detención ilegal de cerca de 400 personas, entre ellos trabajadores de la empresa, entre el 20 y el 27 de julio de 1976.
El empresario y su colaborador están acusados de proveer vehículos y personal del ingenio para ese operativo represivo, como consta en diversos testimonios de sobrevivientes.
El fallo fue firmado por los ministros Elena Highton, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y por el presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, que firmó su propio voto en disidencia con la mayoría.
“No se ha demostrado la configuración de una situación de gravedad institucional y la decisión apelada no genera, en modo alguno, una ruptura del compromiso con el juzgamiento de esta clase de delitos”, evaluó el presidente en su voto.
Rosenkrantz consideró que la Corte no está en posición de juzgar la falta de mérito de la Cámara porque no se trata de una sentencia definitiva.
“Si este Tribunal tratara el recurso interpuesto y revisara la sentencia apelada, mellaría su autoridad no solo porque ello requeriría ignorar las reglas que determinan su propia competencia sino, además, porque deshonraría un axioma simple y, por estar intrínsecamente ligado a la defensa en juicio, fundamental: una anomalía en un proceso, aun cuando se trate de un proceso en el que se imputa la comisión de delitos tan aberrantes como los de lesa humanidad, no puede ser reparada con otra anomalía”, razonó.
Para la mayoría del tribunal, en cambio, se deben salvar “la contradicción de criterios entre pronunciamientos sucesivamente dictados en una misma causa” para ofrecer un mejor sistema de justicia y evitar que las discusiones procesales obstaculicen “el avance del proceso”.
Los tres jueces del máximo tribunal valoraron también e hicieron propios los argumentos de la procuradora fiscal María Alejandra Cordone Rosello, quien en 2017, dictaminó que correspondía dejar sin efecto las sentencias de Casación, confirmar los procesamientos y dejar el camino allanado para un juicio oral.
El fiscal general ante la Cámara Federal, Javier de Luca, también reclamó a la Corte que interviniera para revocar la falta de mérito que benefició tanto a Blaquier como a Lemos.
Los jueces de la Corte también cuestionaron el supuesto de la Cámara Federal de que las pruebas no permitían tener por acreditado que los imputados supieran que los vehículos prestados se iban a utilizar para un delito, y por eso resolvieron que se pondere nuevamente y que se escriba entonces una nueva sentencia.
“La noche del apagón” refiere a los cortes de luz que las autoridades militares del gobierno de facto produjeron para secuestrar a unas cuatrocientas personas en el departamento de Ledesma, provincia Jujuy, cuando la distribución de la energía estaba en manos del grupo empresario propietario del ingenio Ledesma.
Diversos testimonios, que figuran en la causa, señalaron que se utilizaron vehículos en las operaciones represivas con el logo de la empresa “Ledesma”.
La decisión de la Corte se conoció un mes después de que la Secretaría de Derechos Humanos, que conduce Horacio Pietragalla Corti, le reclamara al máximo tribunal que resolviera a la brevedad la situación del empresario. Hace dos semanas, los organismos de derechos humanos llevaron el planteo por la falta de respuestas en esta causa y en otros expedientes de lesa humanidad a la relatoría especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición.