La Universidad de Buenos Aires destacó que, a partir de esta insistencia, los senadores y diputados "saldaron una deuda", apuntando que el año pasado, ante un escenario similar, el Congreso blindó el veto del Presidente, y remarcó que esta norma "representa el anhelo de la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país: defender como valores innegociables la educación pública universitaria, la salud y la investigación científica, permitiendo mantenerlas en los estándares de élite por los que hoy se nos reconoce internacionalmente". Además, instaron al Gobierno a promulgar la ley "a la brevedad" y garantizar "su aplicación efectiva".
En la misma línea, Jorge Anró, secretario adjunto de la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (FATUN), consideró que esta decisión representa "un hito histórico para toda la comunidad universitaria" y celebró que "los legisladores escucharon al pueblo y actuaron en función de lo que la Nación pedía: educación pública y de calidad para todos y todas". Al igual que la UBA, enfatizó que "ahora es importante que el conjunto del pueblo, los universitarios, el Congreso de la Nación y la propia justicia obligue al Gobierno a cumplir con la ley. Y que la ley se haga efectiva".
Tomando en cuenta el último antecedente directo, la insistencia sobre el veto a la ley de Emergencia en Discapacidad, el Poder Ejecutivo demoró su promulgación y, al publicar la norma en el Boletín Oficial aclararon que no será aplicada hasta definir los detalles sobre su financiamiento.
"Ahora solo queda que el Gobierno promulgue la ley y no suspenda su aplicación, como lo hizo con la Emergencia en Discapacidad", agregó en la misma línea el Secretario General de la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional, Norberto Heyaca, y dijo que "el presidente Milei debe respetar las instituciones de la democracia".
"A partir de ahora, los trabajadores universitarios podrán beneficiarse de algo tan básico como es la convocatoria a paritarias, ya que el Ejecutivo deberá llamar a esta mesa de diálogo con una periodicidad no mayor a tres meses. "Al ajuste, además de los jubilados, lo estamos pagando los docentes universitarios, que desde el comienzo de la gestión libertaria ya hemos perdido un acumulado de seis sueldos", enfatizó Heyaca.
En qué consiste la ley de Financiamiento Universitario
La ley de Financiamiento Universitario apunta a la reapertura de paritarias para docentes y nodocentes (paralizadas desde octubre del año pasado); actualizar fondos para gastos de funcionamiento, becas y desarrollo científico y la conformación de una caja de $10.000 millones, con actualización anual por IPC, para impulsar el ingreso a carreras estratégicas.
Según la OPC, el impacto presupuestario del proyecto de ley para este año sería de $1.959.974 millones, equivalentes a 0,23% del PBI.
Durante la sesión de este jueves, el Senado también rechazó el veto a la ley de Emergencia en Salud Pediátrica, impulsada por los reclamos de trabajadores del Hospital Garrahan, y la recomposición del sistema de residencias médicas.
La iniciativa exige fondos para "la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo", "la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud" y la derogación de la resolución del 2109/25 con la que el Ministerio de Salud modificó el sistema de residencias. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la inversión anualizada de esa erogación alcanzaría los $133.433 millones.
