Un total de 135 artículos de una ley central para la administración del presidente Luis Lacalle Pou serán puestos hoy en debate en Uruguay, en un referendo con pronóstico de resultado ajustado que, además del futuro mismo de la iniciativa, aireará o erosionará lo que queda del mandato del Ejecutivo y marcará al menos parte de la estrategia futura de la oposición.
La Ley de Urgente Consideración (LUC), de 476 artículos y aprobada por el oficialismo en el Congreso en plazos muy cortos, generó modificaciones en varias áreas, entre ellos la educación, la seguridad, el derecho de huelga, las empresas públicas y las transacciones en efectivo.
El año pasado, un conjunto de organizaciones, entre ellas la central obrera PIT-CNT y el Frente Amplio, se propuso juntar más de 700.000 firmas parta forzar el referendo, un logro que se consiguió en plena pandemia.
En los cuartos oscuros en Uruguay hay boletas rosadas con el Sí -a favor de derogar los artículos cuestionados- y papeletas celestes con el No, favorables a mantener la LUC como está.
Las últimas encuestas preanuncian un resultado muy apretado, con una leve ventaja para el Sí, aunque con un número importante de indecisos, claves en las horas finales.
Según la Corte Electoral, las personas habilitadas para votar son 2.684.131. Las mesas están abiertas de 8 a 19.30 (mismo horario que en Argentina).
Un triunfo del No significará, sin dudas, un espaldarazo para Lacalle Pou, quien podría animarse a impulsar otras reformas centrales en la estructura del Estado uruguayo.
Por eso los cinco partidos que integran la alianza de Gobierno pusieron a jugar en la campaña a sus principales dirigentes y el mismo mandatario se involucró, primero tímidamente y después de lleno, al punto que la campaña del No se cerró con una conferencia de prensa que él mismo encabezó.
Del lado del Sí, al Frente Amplio le queda –aún si el resultado fuera adverso- la satisfacción de haber podido mostrar un enorme poder de presencia territorial, una movilización notoria aún en tiempos de pandemia y una revitalización que, incluso, atravesó su proceso de renovación de autoridades.
La LUC fue sancionada el 8 de julio de 2020 en el Congreso, con 476 artículos, aunque había ingresado con 501.
Entre otras cuestiones, limita el derecho de huelga, declara ilegítimos a los piquetes en espacios públicos o privados, establece la figura de la "apariencia delictiva" y aumenta el límite de transacciones en efectivo hasta 100.000 dólares, lo que habilita el lavado de dinero y permite la evasión de impuestos según sus detractores.
Además, elimina la obligación de la educación inicial y recorta las funciones del Estado en el área, crea una modalidad de desalojo exprés de viviendas alquiladas y evita el modelo cooperativo de construcciones de casas, y habilita el cierre y/o la privatización de áreas estratégicas de la petrolera estatal Ancap.