El Vaticano confirmó este martes la culpabilidad del sacerdote argentino Carlos Miguel Buela, fundador del Instituto del Verbo Encarnado (IVE) y de las Siervas del Señor y de la Virgen de Matará (SSVM), por abusos cometidos contra varias personas. El religioso, que desarrolló su congregación en San Rafael, Mendoza, murió en 2023 en Génova, Italia.
Tanto el Tribunal Penal Especial de Primera Instancia como el Tribunal de Apelación alcanzaron la denominada "certeza moral" sobre su responsabilidad por hechos encuadrados en "un delito contra el sexto mandamiento, cometido con violencia contra varias personas". La resolución dio por concluido un proceso de dos instancias dentro de la Iglesia.
La decisión estableció definitivamente la responsabilidad de Buela por múltiples delitos contemplados en el canon 1395 del Código de Derecho Canónico, vinculado a faltas contra la moral sexual. Fue comunicada mediante un documento firmado por Simona Brambilla, prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, y los delegados pontificios José Antonio Satué Huerto y Clara Echarte.
Las denuncias contra Carlos Buela y la investigación del Vaticano
Los delegados habían sido designados en enero de 2025 para acompañar a las ramas masculina y femenina de las congregaciones fundadas por Buela en Argentina durante la década de 1980. La confirmación de su culpabilidad llegó tres años después de su muerte y tras un extenso proceso iniciado a partir de denuncias acumuladas durante años.
Según precisó el Vaticano, el sacerdote había sido acusado de abusos sexuales por cerca de 20 seminaristas desde la década de 2000. La resolución fue comunicada oficialmente a los superiores provinciales de ambos institutos durante una reunión realizada en Roma el pasado 14 de septiembre, de la que también participaron autoridades del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada.
Las acusaciones contra Buela llevaban años bajo análisis de las autoridades eclesiásticas. En diciembre de 2016, la Iglesia había admitido por primera vez la veracidad de parte de las denuncias. En aquella oportunidad, señaló que no se habían constatado abusos de menores atribuibles al fundador del IVE, aunque sí conductas sexuales que habían afectado a religiosos y seminaristas del Instituto.
Tras garantizar el derecho de defensa del sacerdote, la Santa Sede determinó entonces "la veracidad de las denuncias y la imputabilidad al padre Buela de comportamientos impropios con mayores de edad".
Uno de los denunciantes cuestionó posteriormente la forma en que se llegó a esa conclusión y sostuvo que existían más de una docena de casos de adultos en situación de vulnerabilidad, ya que eran subordinados de Buela o estaban bajo su dirección espiritual. Para entonces, al religioso ya se le había prohibido cualquier ejercicio ministerial y la realización de actos sacerdotales, tanto públicos como privados.
Una década después de aquella primera comunicación, los dos tribunales eclesiásticos determinaron la "certeza moral" de su culpabilidad por los hechos cometidos con violencia contra varias personas.
El Vaticano busca contribuir al "restablecimiento de la verdad"
Al dar a conocer la resolución, las autoridades de la Iglesia señalaron que su difusión busca contribuir al "restablecimiento de la verdad" y representar un acto de justicia para quienes sufrieron daños como consecuencia de la conducta de Buela.
El Vaticano sostuvo, además, que la decisión deberá servir para avanzar en un proceso de revisión, renovación y purificación de la espiritualidad, la formación y el apostolado de los dos institutos fundados por el sacerdote argentino.
El IVE y las Siervas del Señor y de la Virgen de Matará fueron creados en la Diócesis de San Rafael, Mendoza, y actualmente tienen su sede principal en la Diócesis de Velletri-Segni, en Italia. Con el paso de los años, ambas organizaciones religiosas se expandieron a más de 25 países de los cinco continentes.
La Santa Sede mantuvo durante años una supervisión sobre la situación interna de los institutos. El cardenal español Santos Abril y Castelló se desempeñó como comisario pontificio de la rama masculina ante los problemas de gobierno interno y las acusaciones de abuso de poder y de naturaleza sexual contra su fundador. Su tarea concluyó en 2025 con la designación de los actuales delegados pontificios.