Los investigadores del ECIF, encabezados por Juan Pablo Godoy, lograron dar con el paradero del líder de la banda, Ulises Martin Orozco Moya, y su pareja Tamara Herrera, que a partir de las tareas investigativas realizadas se obtuvo información, que ambos se encontraban residiendo en la provincia de Catamarca. Luego de contactar a la Brigada de Investigaciones de la provincia vecina, se monto un operativo cerrojo en el microcentro de la ciudad, que resultó altamente positivo, procediéndose a la detención de los imputados en la vía pública.
En ese sentido, la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I, al mando de Diego López Ávila, imputó hasta el momento a 10 personas más por el delito calificado como asociación ilícita y pidió que se declare la causa como asunto complejo, tras el elevado número de acusados y víctimas.
La acusación
Aproximadamente desde junio de 2023 hasta septiembre de 2024, dentro del territorio de la provincia de Tucumán, varios sujetos, previo acuerdo de voluntades y división de roles asignados, desempeñándose uno de ellos como jefe (Orozco Moya) y el resto como miembros de la organización, fue que en forma habitual, permanente, reiterada y sistemática se asociaron con una finalidad delictiva destinada principalmente a conseguir beneficios patrimoniales y económicos, mediante la obtención en forma constante de rodados con pleno conocimiento de que habían sido sustraídos a diversas víctimas y estaban denunciados como robados.
Debido a la situación irregular en que se encontraban estos vehículos, los miembros de la asociación los adquirían sin la documentación pertinente o sin efectuar la correspondiente transferencia. Asimismo, modificaban sus características externas, ya sea cambiando su color, quitándole sus chapas patentes o cambiando las mismas por otros dominios. Una vez obtenidos los rodados, utilizaban documentación apócrifa y así procedían a venderlos.
Algunos de los sujetos se encargaban de obtener las motocicletas, efectuando estos desapoderamientos cuando las víctimas estaban conduciendo o cuando habían sido dejadas en estacionamientos. Otros imputados se encargaban de recibir motos, con pleno conocimiento de que las mismas provenían de hechos ilícitos. Luego de ello, el líder y el ahora imputado se encargaban de adquirir la documentación adulterada de las motocicletas, siendo que en esos instrumentos se consignaban titulares falsos. Al momento de tener las motocicletas en cuestión y la documentación, la organización vendía las motos mediante engaños a compradores de buena fe.