En ese contexto, la ex diputada y autora de la primera normativa, Marta Maffei, cuestionó en LV12 con dureza el proceso legislativo y sostuvo: “Las normas ambientales en la Argentina tienen que cumplir algunos recaudos y, sobre todo, cuando se trata de afectar derechos de comunidades que están viviendo en las zonas que van a ser operadas por las vías de los glaciares y de las empresas multinacionales. Hay un convenio firmado hace más de 20 años que compromete que cada vez que se produzca una ley o proyecto de ley que pueda afectar la vida de las comunidades, las tiene que consultar; esa consulta no se hizo. Directamente, el proyecto que se presentó y que después se convirtió en ley es violatorio de la Constitución Nacional, de la Ley General de Ambiente y de acuerdos; es decir, se avanzó en una violación en lo que la legislación ambiental establece”.
Además, remarcó que la reforma implica un retroceso en materia de derechos adquiridos: “En materia ambiental, cuando se ha alcanzado la protección de un bien, un derecho, agua, minerales, una montaña o lo que fuere, las sucesivas leyes no pueden ir en contra de ese principio que ya se estableció; o sea, esta es una ley que te hace perder derechos que ya se tenían, esta ley violó acuerdos y principios básicos”.
Maffei también advirtió sobre los riesgos de delegar decisiones en las provincias: “Han decidido que las provincias hagan lo que quieran; es muy peligrosa esta ley, sobre todo para las comunidades y las provincias que viven del agua del derretimiento de los glaciares. Vamos a tomar a Mendoza, por ejemplo, que tiene glaciares: puede decidir que esa agua que alimenta a las cuencas hídricas que pasan a La Pampa, a Buenos Aires y que generan agua y vida para los territorios, la cortan para entregarla a la minería y no se podrá usar más; es una barbaridad”.
Por último, alertó sobre el impacto a largo plazo de la explotación de recursos: “Estamos hablando de bienes no renovables, esto se va y se terminó; una cosa es la explotación agraria y ganadera, que me llevará más o menos tiempo, pero yo no puedo volver a sembrar oro o plata, y de ninguna manera ninguno de los metales y minerales que se van del país; muchos de esos bienes son estratégicos para el futuro. Las empresas extranjeras mineras se vienen a llevar lo nuestro y en unos 20 años vamos a tener que importar porque habrá faltantes de estos recursos”.
La presentación judicial busca detener de inmediato cualquier intervención minera en áreas protegidas, en medio de un creciente debate por el cuidado del ambiente y la gestión de los recursos naturales en el país.
