Los datos más relevantes son que 255 hijas /hijos quedaron sin madre, el 52 % son menores de edad; el 54 % de los agresores eran parejas o exparejas. Como cada informe lo demuestra, el lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia continúa siendo su vivienda o la vivienda compartida con el agresor (60 % fueron asesinadas en su hogar). Y si bien los femicidios abarcan el territorio nacional, en términos absolutos Buenos Aires sigue siendo la provincia con más casos, seguida por Santa Fe, Córdoba y Chaco.
Estas cifras, que no son solo números, aumentan exponencialmente cada mes. La eliminación de las políticas de prevención y protección, los discursos de odio que calan en parte de una sociedad que, aunque empobrecida, reivindica el poder patriarcal atacando a mujeres y diversidades y que además son las más afectadas por las políticas de ajuste, constituyen un claro ejemplo de lo que llamamos Violencia Institucional. Vemos y escuchamos a un Estado absolutamente desinteresado en los temas de género, desconociendo una problemática que se trabaja a nivel mundial tratando de lograr la equidad, la igualdad, la erradicación del embarazo adolescente, la modificación de una cultura patriarcal y la protección de quienes están en situaciones de violencia, entre otros temas.
Un Estado que no protege, ignora. Un estado que ignora, avala. Mientras desde el Poder se continúa vetando leyes, destilando odio y atacando, con un lenguaje insultante y sexualmente violento a cualquiera que ose contradecir al ejecutivo, nos siguen matando. En los últimos 10 días hubo diez femicidios, deberían ser una noticia en todos los medios del país, pero – salvo honrosas excepciones- pasan desapercibidos entre agresiones y datos financieros.
Seguimos exigiendo al Ministro de Justicia Cúneo Libarona que, de una vez por todas, su ministerio responda nuestros reclamos:
Que se determine un organismo rector de políticas públicas para dar cumplimiento a la “Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones” (ley 26.485), que se detalle dentro del presupuesto nacional los recursos destinados a políticas de género y que se presente un “Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres” contemplado en la misma ley.
Fortalecimiento de la Línea única para la atención y asesoramiento en casos de violencia de género nacional (Línea 144), hoy casi desmantelada.
Pleno funcionamiento el “Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia” (Plan ENIA).
Cumplimiento efectivo de la ley de “Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas” (ley 26.842).
Cumplimiento efectivo de la ley del “Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género” (ley 27.210) para garantizar el acceso a la justicia con patrocinios jurídicos gratuitos.
Cumplimiento de la “Ley Micaela” de Capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado (Ley 27.499).
Cumplimiento de la “Ley de Reparación económica para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia familiar o de género” (Ley 27.452) RENNYA, más conocida como “Ley Brisa”.
Cumplimiento efectivo del “Programa Acompañar” a nivel nacional.
La violencia de género existe y se profundiza cada vez más llegando, en muchos casos, a su expresión más extrema: el femicidio. Es un tema de derechos humanos y no de inseguridad.
Información adicional
29 víctimas habían realizado denuncia.
9 femicidas tenía dictada medida cautelar de prevención.
10 femicidas perteneciente o ex fuerza de seguridad.
21 víctimas tenían indicio de abuso sexual.
4 víctimas en presunción de prostitución o trata.
3 víctimas estaban embarazadas.
3 lesbicidios.
3 trans/travesticidios.
10 víctimas eran migrantes.
0 víctimas de pueblos originarios.
27 femicidas se suicidaron.
16 víctimas en contexto de narcocriminalidad.
17 femicidios vinculados de varones adultos y niños.