Luego de la exposición del interventor del ENARGAS, Federico Bernal, se pasó a la firma la iniciativa que tuvo media sanción de Diputados el pasado 10 de junio. De esta manera, el Frente de Todos tiene previsto sancionar la ley la semana que viene en el recinto de la Cámara alta.
Durante un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, Bernal explicó que el régimen “se financia con un recargo sobre el precio del gas natural en PIST aplicable al volumen comercializado en el país que no puede superar el 7,5%. Actualmente el nivel del recargo se ubica en 4,46%”.
“Se prevé que para 2021 el recargo sea de 5,44%, un punto porcentual de aumento; esto generaría un impacto mínimo en las facturas de los usuarios, un promedio de 0,5% por factura”, agregó y aclaró que “la propuesta no requiere aportes del Tesoro Nacional”.
El funcionario detalló los descuentos del 30% al 50% “dependiendo de la vulnerabilidad económica de los usuarios” y destacó que “el beneficio, que reconoce una demanda histórica, se extiende al 44% de los usuarios de gas por redes del país”.
En la actualidad, hay 849.965 beneficiados con el régimen que contempla a la Patagonia, la Puna y Malargüe (Mendoza), al que con esta ley se sumarían “3,1 millones de nuevos beneficiarios, con lo cual pasamos a un total de 4 millones, con una potencialidad de incorporación de 181 mil usuarios”.
“De 10 provincias y 79 departamentos se pasa a 15 provincias y 231 departamentos, con la potencialidad de incorporar dos provincias (Tucumán y Catamarca)”, precisó el interventor del ENARGAS, que dijo que la clasificación de zonas bioambientales “nos han permitido fijar criterios para la incorporación de las nuevas zonas que se suman”.
En una exposición pormenorizada, Jorge Deferrari, gerente de distribución del ente, detalló cada zona incluida de acuerdo a una norma del IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación) de 2012.
Al respecto, Bernal informó que se “está trabajando en la actualización de estas normas”, porque la de 2012 “se basa en la recopilación de datos del acumulado de diez años atrás”. En esa línea, ejemplificó que la nevada registrada este miércoles en Córdoba Capital también se dio “en el sur de Punilla, que hoy por hoy no entra en la ampliación”.
“Este proyecto representa una contribución extraordinaria, inédita”, consideró, al afirmar que se trata de ver a “un servicio público como derecho social que garantiza derechos humanos”. “Tenemos una inmejorable oportunidad para adentrarnos en el debate de fondo que requiere la energía y los servicios públicos en nuestro país”, continuó.
A modo de ejemplo, señaló que, en el consumo promedio, una casa en una zona no fría gasta 850 pesos por mes, mientras que un hogar de similares características en una zona fría consume el doble, 1.500 pesos. A partir del ingreso disponible en hogares de zona fría por la reducción en la tarifa de gas, esos usuarios tendrán 650 pesos más por mes, 8.500 pesos más por año, para poder destinar “a educación, salud, ropa y calzado, alimentos, recreación y cultura”.
“La Argentina se colocará a la vanguardia mundial de países de nuestras mismas latitudes en materia de servicios públicos y está muy bien que así lo haga, para ser más precisos es una obligación que lo haga dado nuestra geografía”, expresó, y mencionó que “Australia y Nueva Zelanda, también en el hemisferio sur, tienen monumentales programas de asistencia para equilibrar los mayores gastos de facturas de invierno a su población”.
Para Bernal, “en Argentina no tenemos una tarifa diferenciada de invierno, pero lo que vamos a tener de aprobarse esta ley es algo muy superior y entiendo que es único en los países de nuestras latitudes”. Sobre ello, dijo que “el reclamo histórico” de usuarios “no es porque quieran derrochar, sino que lo piden porque quieren un servicio público más justo, más equitativo”.
A través de la iniciativa, impulsada por el diputado Máximo Kirchner, se incluyen a las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis y La Rioja.
Con gráficos, el funcionario apuntó que la provincia de Buenos Aires “recibe 1,25 millones de nuevos usuarios por este beneficio, eso equivale al 31%” de los usuarios. En el caso de Córdoba, “la ampliación impacta sobre el 85% de usuarios de gas. Estamos hablando de 2 millones de personas, un 55% de la población provincial”.
“Lo mismo para la provincia de Santa Fe: 76% de los usuarios de gas beneficiados, casi 2 millones de personas, un 50% de la población”, añadió y ponderó que en el caso de Mendoza se alcanza “prácticamente al 99%” de los usuarios.
Para la provincia de Salta estarán contemplados “el 70% de los usuarios de gas por redes, 400 mil personas, el 28% de su población”; para San Juan, “el 91% de los usuarios, el 45% de su población”; y para San Luis “también casi la totalidad de los usuarios” con “300 mil personas, el 57% de la población”.
Los detalles del proyecto Zona Fría
La norma reduce en alrededor del 50 por ciento las tarifas a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, de pensiones no contributivas y jubilados -hasta 4 salarios mínimos-, del monotributo social, usuarios que perciben seguro de desempleo y empleados de casas particulares.
También podrán tener este beneficio quienes estén exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza o los que tengan una pensión vitalicia como veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
Respecto del resto de los usuarios residenciales, la tarifa diferencial implicará una disminución del 30% de la factura de gas correspondiente.
El proyecto prorroga por 10 años el Fondo Fiduciario de Consumos Residenciales de Gas (artículo 75, Ley 25.565) y aumenta la cantidad de departamentos y localidades de todo el país de temperaturas bajas comprendidos en este beneficio.