"A grandes rasgos se respetó el proyecto original, tuvo una modificación, que es una de las que se proponía que el registro pasará a la órbita del Ministerio de Seguridad, quedó en el Ministerio de Justicia, y además la modificación de que se pusiera la observación de que al ingreso de los datos genéticos de los que cometieran delitos debían de ser personas imputables, con lo cual, si el otro proyecto que es bajar imputabilidad de 16 a 14 años, llegará a aprobarse, dará la posibilidad de poder ingresar a los imputados desde 13 o 14 años", dijo Guillermo Bargna, integrante de Usina de Justicia, a LV12 Radio Independencia.
Sobre la necesidad de que el registro pase bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, Bargna resaltó que se debe al "mal funcionamiento" que tiene bajo el Ministerio de Justicia.
De esta manera, explicó que la discusión se "personalizó en todo momento a la actual ministra de Seguridad" y no al ministerio en sí, lo que "evidentemente tergiversó o no parte de la elocución de los que se oponían al paso".
En un momento determinado, el diputado Soria, exministro de Justicia, dijo que funcionaba perfectamente en el Ministerio de Justicia y no había que cambiarlo. Yo en un momento determinado pensé, lo mal que funciona hoy el registro en el Ministerio de Justicia. Entonces, se pueden decir en el recinto afirmaciones, pero yo si puedo decir como víctima de alguien que cometió el delito de intento de abuso sexual seguido de muerte, que el registro no funciona hoy en el Ministerio de Justicia En un momento determinado, el diputado Soria, exministro de Justicia, dijo que funcionaba perfectamente en el Ministerio de Justicia y no había que cambiarlo. Yo en un momento determinado pensé, lo mal que funciona hoy el registro en el Ministerio de Justicia. Entonces, se pueden decir en el recinto afirmaciones, pero yo si puedo decir como víctima de alguien que cometió el delito de intento de abuso sexual seguido de muerte, que el registro no funciona hoy en el Ministerio de Justicia
El padre de Soledad, una de las víctimas de este tipo de delitos, indicó que la ley fue aprobada en el año 2013, pero recién pudo ser reglamentada en el 2017, bajo "la insistencia de las víctimas". Esto, señala, es la muestra de que "desde el inicio se cometieran errores".
"Nisiquiera llegarán a 200 los datos genéticos incluidos, pero después de varios años de 'un mal funcionamiento', hoy hemos llegado solamente a 1000, esa es la cantidad de condenados firme en los Servicios Penitenciarios nacionales y provinciales. Eso demuestra que no está funcionando bien", concluyó.