Esta medida responde a las quejas y demandas de diversas entidades empresarias y busca simplificar la relación entre las empresas y las cámaras, reduciendo los costos adicionales para las empresas no afiliadas.
Anteriormente, las cámaras empresariales habían interpretado esta ley de manera expansiva para exigir a las empresas, tanto afiliadas como no afiliadas, el pago de aportes obligatorios.
El decreto establece que los acuerdos colectivos de trabajo que imponían contribuciones a las cámaras empresariales a cargo de empleadores no asociados carecen de fundamento normativo. En consecuencia, ya no se podrán cobrar estas contribuciones a las empresas no afiliadas a las entidades.
Esta medida fue solicitada por varias entidades gremiales empresarias del país, como la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), que apoyaron la eliminación de los pagos obligatorios.
Además del comercio, el sistema de cobro compulsivo de contribuciones también se había extendido a otras actividades, como la metalúrgica.