Según el planteo, cualquier intento de agrupar los resultados nacionales «carece de fundamento jurídico» y puede generar interpretaciones equivocadas sobre el proceso. «La metodología propuesta excede las responsabilidades de la Dirección Nacional Electoral, cuya función debe limitarse a contar y hacer público los resultados oficiales de la elección», manifestaron los representantes en la presentación a la CNE, informó Infobae.
La ofensiva judicial de la principal fuerza opositora incluye, además, la posibilidad de presentar amparos ante la Justicia Federal en las doce provincias donde el peronismo compite bajo distintas denominaciones, e incluso una denuncia penal contra la titular de la DINE, Luz Landívar.
Durante el simulacro general de transmisión y recuento provisorio organizado por la DINE, el área de Difusión de Resultados presentó una consolidación nacional de votos para diputados nacionales, lo que desató el malestar del espacio opositor. Los apoderados denunciaron que esa sumatoria «utilizó criterios no explicitados» y que «agrupó alianzas de acuerdo con el nombre, pasando por alto las configuraciones políticas diferentes en cada distrito».
La discusión tiene un trasfondo político clave: Fuerza Patria no logró unificar un único sello partidario en todo el país, a diferencia de La Libertad Avanza, que sí compite bajo el mismo nombre en las 23 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires. En el peronismo temen que, si se difunden resultados nacionales, la fuerza libertaria aparezca con una ventaja abultada, distorsionando la lectura política de la elección.
Partidos opositores señalan que el conteo de votos debe limitarse a cada distrito para respetar la ley
En su presentación, los representantes del Partido Justicialista, el Frente Renovador y el Frente Grande subrayan que la elección no tiene «carácter de distrito único», por lo que la sumatoria nacional «no resulta aplicable ni compatible con la normativa vigente«. También advirtieron que durante el simulacro se llegó a realizar «un cálculo de asignación de bancas sobre los votos consolidados agrupados a nivel nacional», algo que consideran «incompatible con la lógica electoral argentina».
El reclamo cita además la Acordada N° 3 de 2017 de la Cámara Nacional Electoral, que subraya la necesidad de garantizar neutralidad y transparencia en la difusión de los conteos provisorios. «En el caso de nuestro país […], la legislación no contempla, en los términos indicados —y aún muy tangencialmente— la forma de realización, verificación y publicación del denominado escrutinio provisorio«, señalan los apoderados, apoyándose en los antecedentes del tribunal.
En el tramo final, los firmantes apelan a los principios de ética electoral y preservación de la integridad democrática, y citan una reflexión del politólogo Ignacio Zuleta, publicada en Clarín: «Son 24 elecciones locales, en las que se enfrentan coaliciones transgénicas que confunden más a la hora de decidir los resultados. El verdadero escrutinio de 2025 va a conocerse con la constitución de los bloques legislativos, recién después del 10 de diciembre».
Finalmente, Fuerza Patria pide que la DINE se abstenga de realizar o difundir cualquier suma nacional de resultados, con el objetivo de «evitar confusiones en la opinión pública y garantizar la transparencia del proceso electoral».
