A través de una Resolución, el Gobierno entiende que esta ampliación permite "la creación de nuevas opciones de financiamiento".
La Comisión Nacional de Valores (CNV) extendió el régimen especial que regula la constitución y autorización de Productos de Inversión Colectiva para el desarrollo de obra pública mediante aportes privados a nivel municipal, provincial y nacional.
A través de la Resolución General 1006/2024, publicada este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno entiende que esta ampliación permite "la creación de nuevas opciones de financiamiento y, en consecuencia, facilita el impulso de obras que conllevan mejoras a la población en general a través del mercado de capitales".
La normativa apunta a "ampliar el universo de productos de inversión colectiva que integran dicha categoría, incorporando estructuras que refieran a proyectos de infraestructura privada, en tanto se encuentren destinados a la prestación de servicios de acceso público o satisfagan objetivos de interés público, tales como telecomunicaciones, redes de datos, transporte, logística, puertos, aeropuertos, sistemas sanitario y educativo, entre otros, incluyendo las mejoras, ampliación y mantenimiento de los mismos".
"Por medio de estos vehículos de inversión colectiva, se pretende complementar recursos públicos y privados, en lo que se denomina una solución mixta de financiamiento, permitiendo que los inversores domésticos logren estar posicionados en un instrumento financiero de calidad y, a la vez, movilizar recursos del mercado de capitales hacia fines prioritarios para el desarrollo económico como es la infraestructura pública y privada, con un fuerte enfoque federal", añade el texto.
La medida llega luego de que el secretario de Obras Públicas de la Nación, Luis Giovine, anticipara ante empresarios de la construcción en la convención anual que organizó la Cámara de la Construcción (Camarco) que del total de obras de infraestructura que estaban en ejecución tras el cambio de mandato, solo continuará con fondos nacionales un 15% del total, mientras que habrá unos 2.000 proyectos que serán discontinuados, postergados sin fecha precisa o transferidos a las provincias.
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss advirtió que el sector atraviesa "una gravísima situación" como consecuencia de la paralización de la obra pública por decisión del gobierno de Javier Milei aunque mostró expectativas con la eventual sanción de la Ley Bases.
Durante la apertura de la tradicional Convención Anual de la institución, que se desarrolla en el predio de La Rural, Weiss describió la realidad del sector de la construcción: "El sector atraviesa una gravísima situación económica, producto de la paralización total, salvo alguna excepción, de la obra pública nacional que ha afectado severamente el empleo y ha puesto en peligro la continuidad misma de las empresas".
En esa línea, alertó que existe "una caída de 100.000 puestos de trabajo directos" y que "cada puesto directo genera uno indirecto, por lo que hay en riesgo un número importante de puestos de trabajos".
"Existen alrededor de 3.500 obras públicas nacionales paralizadas. Muchas no han recibido ningún pago desde noviembre pasado y no tienen perspectiva de solución a los aspectos contractuales pendientes ni acerca de un eventual reinicio", especificó sobre la grave situación que afecta a la construcción.
