La especialista en economía Florencia Correa Deza, explicó en LV12 el impacto que provoca el aislamiento, el cual está generando desigualdades en materia económica y social, y precisó que "a fines de 2019 se conocieron indicios del aumento de esa desigualdad, lo que representa en términos de ingreso que cada vez más personas ganen menos y menos gente gane más".
La economista indicó también que "en el mercado laboral surgieron inequidades preocupantes, como por ejemplo, un incremento del trabajo por cuenta propia, de tipo precario sin estabilidad ni acceso a la previsión social, y representa", en este contexto, "un problema para la política pública", lo cual "se hace visible con la cantidad de personas que solicitaron y accedieron al IFE" ante la imposibilidad de trabajar.
"Otra de las cuestiones importantes", destacaba la especialista en el orden social, "está relacionada a las condiciones previas de pobreza e indigencia, las cuales se profundizará con el aislamiento. Lo que interesa analizar son las carencias estructurales de la pobreza, viviendas adecuadas, acceso al servicio de agua potable para mantener las condiciones de higiene, internet" como otro de los servicios afectados "teniendo en cuenta el acceso que garantice a los niños, ante la modalidad de educación a distancia".
"En un primer momento cuando el aislamiento comenzó y se pensaron los posibles efectos, una de las primeras cuestiones que se observó en relación al empleo estaba enfocada en un grupo de trabajadores asalariados o formales", el cual según indicaba la economista "se pensaba que seria el menos vulnerable. Y esto se analizaba producto de las políticas impulsadas por el estado como la doble indemnización, la prohibición de los despidos que de alguna manera garantizaban el empleo".
"Ese grupo", en estos momentos, "corre riesgo en términos de trabajo porque el aislamiento produce dos problemas al estado. Por un lado la subsistencia de los individuos y los trabajadores, y por otro lado la subsistencia de las empresas porque le genera problemas de solvencia ya que al no poder producir están condenadas a desaparecer. El problema", destacaba la economista, "es que el estado tenga herramientas para salvar la vida no solo de los individuos, sino también a las empresas que implican un capital para la sociedad y perder en estos momentos una empresa implica una perdida de capital, aprendizaje. Y representa un problema para atender".