Este miércoles se cumple un año del fallo de la Corte Suprema de Justicia que derivó en la detención de CFK. En ese marco, los legisladores redactaron una carta dirigida a la CSJN y al Consejo de la Magistratura -que fue entregada luego de la conferencia de prensa-, para pedir que se ponga fin a las irregularidades que sufre la expresidenta en San José 1111.
“Ni los genocidas ni los narcotraficantes tienen condiciones de detención domiciliaria como las que se le aplican a Cristina Fernández de Kirchner”, aseguró en ese sentido Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados.
Rodeado de un numeroso grupo de legisladores, Martínez relacionó la condena y persecución contra CFK con la “plena vigencia de la democracia en nuestro país” y advirtió: “Nosotros lo dejamos en claro siempre: no hay, a nuestro criterio, plena democracia con jueces parciales”.
“No hay plena democracia cuando se impide el derecho de la ciudadanía a elegir libremente sus representantes. No hay plena democracia cuando se impide participar de la vida institucional y política a una dirigente de la talla de Cristina Fernández de Kirchner. No hay plena democracia cuando la injusta y arbitraria detención de Cristina se ve agravada además por condiciones absolutamente excepcionales y restrictivas”, remarcó.
Tampoco “hay democracia cuando el Poder Judicial se mete, se inmiscuye en la competencia política a través de sus sentencias” ni “cuando el Poder Judicial se convierte en un instrumento de disciplinamiento político”, sostuvo el presidente del bloque.
En ese marco, dejó un mensaje al resto de los partidos. “Lo decimos con mucho respeto pero también con mucha convicción: las fuerzas políticas democráticas en la Argentina no pueden permanecer calladas ni mirando para otro lado frente a todas las arbitrariedades cometidas contra Cristina”.
“El silencio y en muchos casos la convalidación de este accionar no va a impedir que estos rasgos antidemocráticos terminen más temprano que tarde recayendo sobre la totalidad del sistema institucional político de la Argentina”, afirmó Martínez.
Como ejemplo, recordó que en octubre del año pasado Javier Milei dijo durante una entrevista con Luis Majul que él era el “primer presidente que tomó la decisión que vaya presa” Cristina, mientras que Mauricio Macri hace tres semanas contestó en tono irónico a quienes sugieren que una eventual candidatura suya en 2027 sería funcional al kirchnerismo: “Pregúntenle a Cristina si favorecimos al kirchnerismo en estos años”.
“Un presidente y un expresidente metiéndose y dejando en claro la discrecionalidad y la arbitrariedad no solamente de este fallo sino de toda la persecución contra Cristina”, resumió Martínez, asombrado.
Y concluyó: “Estamos convencidos que no van a poder tapar la profunda recesión que atraviesa todo el territorio nacional. No van a poder tapar el desempleo que crece y el miedo a perder el trabajo que carcome a los argentinos. No van a poder tapar la caída de los salarios de los trabajadores. No van a poder tapar la falta de medicamentos y condiciones de miseria en la cual tienen a nuestros jubilados. No van a poder tapar la situación de endeudamiento angustiante que sufren miles de familias argentinas. No van a poder tapar la situación dramática de las pymes y el comercio”.
Condiciones de detención de CFK
El foco de la conferencia y del reclamo de los legisladores estuvo puesto en las condiciones de detención de CFK en base a un informe que se realizó luego de obtener contestaciones de pedidos de acceso a la información pública que distintos consejeros y diputados nacionales presentaron ante el Consejo de la Magistratura.
Allí, los legisladores requirieron información sobre diferentes aspectos relacionados a las condiciones impuestas para los detenidos con prisión domiciliaria en el ámbito de la Justicia Federal con competencia penal en todo el territorio nacional. Y, luego, lo compararon con la situación de detención actual de la expresidenta.
En base a esas contestaciones supieron que de un total de 2.513 detenidos con prisión domiciliaria, sólo el 23,96% de los casos con información disponible utiliza tobillera electrónica, porcentaje que desciende al 19,54% si se toma el universo total informado. Además, apenas el 1,76% de los detenidos registra restricciones de visitas, lo que implica que el 98,24% puede recibir visitas sin limitaciones específicas.
En el caso de los detenidos por narcotráfico, el informe señala que las restricciones son aún más bajas. De 1.280 personas con prisión domiciliaria por este tipo de delitos, sólo en ocho casos —equivalentes al 0,86%— se reportaron restricciones en el régimen de visitas. A su vez, el 42,73% de los detenidos cuenta con permisos de salida, tanto habituales como especiales, incluyendo autorizaciones para trabajar, estudiar, tratamientos médicos o actividades familiares.
Respecto de los condenados o procesados por delitos de lesa humanidad, el documento sostiene que únicamente el 44,12% utiliza tobillera electrónica. Además, el 84,38% de los casos relevados no presenta restricciones de visitas y el 56,25% posee permisos de salida.
La dos veces presidenta puede recibir visitas de dos horas solo dos días a la semana. Además, solo puede recibir a tres personas, como máximo, por día, para distribuir en las dos horas correspondientes.
