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Privatización de empresas estatales: cuáles son los límites

El abogado Pedro Caminos habló con LV12 sobre la posibilidad de privatización de las empresas estatales y los obstáculos que pueden surgir.

Como en los años '90, Javier Milei, presidente electo, propone la privatización de al menos 20 empresas estatales. Sobre este tema habló con LV12 Radio Independencia, el abogado y profesor de derecho constitucional, Pedro Caminos:

"Hay que hacer una distinción preliminar entre los diferentes tipos de empresas públicas que hay, no todas las empresas públicas están sujetas a un mismo régimen jurídico. Dos ejemplos fáciles son Radio y Televisión Argentina, que es el combo de canal con radio Nacional, es una sociedad del Estado, en principio no tienen ninguna participación de privados, en ese caso habría que dictar una ley convirtiéndolas en sociedades anónimas y se podrían vender las acciones que representan la propiedad sobre esta sociedad. El caso de YPF es complicado porque es una sociedad anónima en la cual hay un 51% de acciones que son estatales, que está repartido un poquito más de esa mitad son del Estado nacional y entonces, con un tratamiento de ley se podría autorizar la venta de las acciones, pero la otra, que es un poquito menos de la mitad de ese 51% total que es estatal, le pertenece a las provincias y entonces, el Estado nacional, en principio no podría forzar a las provincias a vender las acciones que tienen en YPF", expresó.

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Si bien todas estas medidas mencionadas requieren de una ley, Caminos señala que en el caso particular de YPF cuando fue expropiada, repartió parte de ese 51% a las provincias, por lo que habría que "modificar esa ley original de expropiación" si se quiere privatizar.

En el caso de Radio y Televisión Argentina, la situación es diferente porque fue creada a través de la Ley de Medios durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner, por lo que aquí solo deberían modificarse los artículos pertinentes.

Con respecto a la posibilidad de poder privatizar estas empresas que poseen coparticipación estatal por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el abogado dijo que estos estarían "excluidos en este caso" por el simple hecho de que se los utiliza solo para tomar "medidas transitorias", no así estas leyes, "que tienen una vocación de permanencia".

Más allá de esto, explicó que "si no hay una decisión judicial, una medida cautelar que impida la vigencia inmediata de un Decreto de Necesidad y Urgencia que se adopte muy rápidamente, casi en un mismo día, lo que ocurre con el decreto es que aún cuando un decreto sea inconstitucional igual va a producir efectos porque tiene esa capacidad de movilizar la legislación inmediatamente".

Finalmente, sobre el litigio por la expropiación de YPF y la millonaria cifra que Argentina debe saldar, así también como la probabilidad de que el país ponga en garantía el paquete accionario a cambio de la deuda, comentó que " YPF es lo bastante interesante como para que un inversor del sector energético esté dispuesto a solventar parte del costo de un organismo internacional" y esto generaría que se incorpore "un elemento más" a la idea de privatización.

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