“La media sanción de la ley, esperando por supuesto su aprobación por la otra cámara, va a exigir de las provincias el acondicionamiento del lugar de alojamiento de esas personas en conflicto con la ley en ese rango etario”, explicó. Y aclaró: “Estamos hablando de condenas de prisión, no de faltas menores. Acá hablamos de personas privadas de la libertad”.
Pedicone detalló que actualmente esos jóvenes son alojados en el Instituto Roca, pero recordó que el gobernador Osvaldo Jaldo instruyó la creación de un espacio diferenciado dentro del complejo penitenciario de Benjamín Paz. Allí funcionará un instituto socioeducativo, físicamente aislado del resto del penal.
“Se está haciendo un ala especial, una escuela o instituto socioeducativo, que se va a llamar Instituto Cura Brochero, aislado en términos físicos del resto del penal. Va a ser un espacio propio para este destino, a cargo de personal distinto, no va a ser el personal de la penitenciaría ni va a ser policial”, precisó.
La fiscal remarcó que esta diferenciación no es una decisión discrecional sino una exigencia legal. “La ley penal juvenil vigente y la que eventualmente se sancione, como los tratados internacionales vinculados a los derechos del niño, exigen un tratamiento diferenciado. Estos chicos no son considerados personas privadas de la libertad como los adultos, ni en las mismas condiciones ni en los mismos espacios ni con las mismas prestaciones”, afirmó.
Consultada sobre si estas medidas son la solución frente a los delitos cometidos por menores, Pedicone sostuvo que el debate es amplio y se está dando en el Congreso. “Cuando uno escucha a los que están a favor y a los que están en contra, se informa y quizá toma posición. Pero cuando la ley sea ley, tendremos nuevas obligaciones y necesidades de adecuación”, señaló.
