La discusión por un posible impuesto al efectivo encendió una nueva pelea política. La chispa se activó cuando el exviceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis propuso reemplazar el impuesto al cheque por un tributo aplicado a las extracciones de dinero en cajeros.
El fundador de la consultora PxQ describió un esquema de “palo y zanahoria”: quitar el impuesto que hoy grava operaciones bancarias formales y, en paralelo, cobrar un porcentaje sobre el retiro de efectivo. Según su razonamiento, eso empujaría a comercios y consumidores a usar medios de pago digitales, obligando a formalizar toda la cadena.
Lo ejemplificó con una frase que se viralizó: “Voy al cajero, pongo $1.000 y salen $900”. Y agregó que el incentivo parte del consumidor porque es el que “exige pagar con medios digitales porque vos tenés un impuesto al efectivo”. Apenas el video llegó a X, presidente del bloque oficialista en la Legislatura bonaerense, Agustín Romo, lo tomó como bandera para denunciar una supuesta intención recaudatoria de la oposición.
De ahí a la respuesta del Presidente hubo un puente de segundos. Javier Milei citó el clip en X y escribió: “Kirchnerista = ladrón. El que fue viceministro de economía de Kicillof propone de modo abierto robarte el 10% de tus ingresos que destines al consumo. Jamás piensan en achicar el gasto sino solo en cómo recaudar más para ser ellos quienes deciden cuánto y en qué gastar tu dinero.” Para el jefe de Estado, gravar el uso de efectivo es una forma de aumentar la injerencia estatal y de disputar la disposición del ingreso personal.
La propuesta original de Álvarez Agis, según aclaró después en Infobae, quedó fragmentada en la circulación viral. “La idea es buscar una forma de promover la formalización. Ahora que estamos discutiendo economía informal, reforma laboral. La idea completa es, palo y zanahoria. Eliminar el impuesto al cheque, que es una penalidad a la economía formal, y reemplazarlo por un impuesto al efectivo.”
Para el economista, la carga impositiva total no aumentaría, sino que se redistribuiría. Los contribuyentes que hoy están dentro del circuito bancario pagarían menos y los actores que trabajan por fuera tendrían menos margen para hacerlo. Sostuvo que, en otras experiencias internacionales, los programas que lograron reducir la informalidad lo hicieron incentivando al consumidor, no presionando solo a las empresas.