Este sábado 22 de febrero se cumplieron ocho años desde aquella trágica mañana de 2012, cuando a las 8.30 el tren 3.772 (identificado con la chapa 16) llegaba a la plataforma número 2 de la estación terminal de Once, pero no detuvo su marcha y chocó con los paragolpes de contención. Murieron 52 personas y hubo 789 heridos.
A esa hora exacta, familiares y amigos de las víctimas realizaron este sábado un acto homenaje en el andén 1 de la cabecera del tren Sarmiento, el que será el único acto oficial para recordar a las víctimas.
Sin banderas políticas, los familiares llevaron remeras y carteles con imágenes de sus seres queridos y con el pedido de "justicia" vigente, ya que pese a que se produjo el juicio aún debe expedirse la Corte Suprema para que las condenas queden firmes en todas las instancias judiciales.
Al respecto, leyeron un comunicado, el primero luego de la vuelta del kirchnerismo al poder, movimiento que está ligado al choque ya que ocurrió en tiempos del segundo gobierno de Cristina Kirchner y todos los funcionarios que están presos son de ese cuadro político.
"Tras la presentación de la defensa de los convictos del recurso extraordinario ante la Corte Suprema e Justicia, estamos esperando la decisión final del supremo tribunal. Nuestra confianza en la Justicia se mantiene, pero tenemos todo el derecho a interpelarlos acerca de los tiempos", sostuvieron.
Y agregaron: "Es cierto que la ausencia de plazos para expedirse es una prerrogativa de las más altas autoridades del Poder Judicial, pero esa extensión en las definiciones se hace ansiedad, enfermedad, daños de todo tipo. Siempre vamos a gritar a quien nos escuche: 'Justicia lenta no es justicia'".
En ese sentido, advirtieron que "la dilación es la que abona el negacionismo sobre las responsabilidades, el paso del tiempo también cimienta el discurso del preso político y del perseguido por razones ideológicas y que la tardanza genera daños no menores".
El histórico juicio condenó a 22 personas, entre los que están los responsables de la Secretaría de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y Julio de Vido, ministro de Planificación Federal y de cuya cartera dependió Transporte hasta el choque del tren. Otros detenidos son directivos de TBA (como Claudio Cirigliano) y el motorman Marcos Córdoba.
En 2018, Casación confirmó los fallos y condenas por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estrago doloso seguido de muerte. Pero la defensa de los acusados interpusieron recursos extraordinarios para que la condena se cumpla bajo arresto domiciliario, fallo que la Corte Suprema -la última instancia- aún no expidió.
Este es un tema que preocupa a los familiares de la Tragedia de Once, que ya advirtieron: “Cada vez que un corrupto se va a su casa por motivos poco claros, la masacre vuelve a ocurrir. Es responsabilidad de la Justicia que esto se detenga. Que las condenas queden firmes y que lo causantes de tanto dolor sigan tras las rejas. Solo así sentiremos que vivimos en un país digno. Las únicas víctimas son los 52 inocentes muertos y sus familiares y amigos. No los condenados”.
Además, con la vuelta del kirchnerismo al poder, De Vido busca instalar nuevamente la figura de “presos políticos” y considerarse uno de ellos, para intentar así zafar de la condena. Actualmente goza de arresto domiciliario desde diciembre en su chacra en Zárate.
La Tragedia de Once fue el tercer accidente ferroviario más grande de la Argentina, después del de Benavídez en 1970, donde murieron 236 personas, y el ocurrido en Sa Pereira (Santa Fe) en 1978, que causó 55 muertos.