Hasta el 9 de diciembre pasado, la legislación argentina permitía que personas con discapacidad fueran esterilizadas sin su consentimiento. Ligaduras de trompas y vasectomías eran realizadas cuando un juez o jueza determinaba que había una restricción de la capacidad jurídica, o cuando una familia lo acordaba de manera informal con un médico o médica. Pese a que parecen prácticas de otros tiempos y que vulneraban normativas a nivel internacional, estuvieron permitidas por la Ley 26.130, cuya modificación se sancionó días atrás, después de años de intentos.
Celeste Fernández, directora adjunta de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), comentó cómo fue el proceso de modificación de la ley que permitía esterilizar a personas con discapacidad sin su consentimiento y conocimiento.
"Hace algunos años se había presentado un proyecto para modificar la ley 26.130 que finalmente no prosperó. Después otra diputada lo representó y estaban esos proyectos ahí, pero la verdad es que no se estaban moviendo demasiado a nivel parlamentario y desde una coalición de organizaciones lideradas por FUSA y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), que son los que impulsaron el proyecto Desear que tiene varias actividades vinculadas a los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, y uno de los componentes de ese proyecto era impulsar la modificación de esta ley", comentó Fernández, respecto al inicio del proceso para impulsar la modificación de la ley.
Y prosiguió: "empezamos a comienzos del año pasado a hablar con legisladores y legisladoras, a señalarles la importancia de esa ley. Hablamos con la autora del proyecto y manifestamos nuestro interés en movilizar eso, en hacerle algunas modificaciones a esa propuesta porque pensamos que podía ser robustecida. En 2020 estuvimos todo el año intentando recabar los acuerdos en Cámara de Diputados hasta que finalmente en julio de este año logramos los acuerdos para que saliera y tuvimos la media sanción", recordó.
"Después empezamos a hacer un proceso muy similar con senadores y senadoras y finalmente el 9 de diciembre pasado salió la modificación de la Ley 26.130. Fue un laburo muy impulsado por organizaciones de la sociedad civil", remarcó la referente de ACIJ.
En este marco, explicó que la ley decía que bastaba con que un representante legal lo pidiera y un juez o jueza lo autorizara para que la esterilización sin el consentimiento de las personas con discapacidad se diera.
"Básicamente lo que decía la norma era que para acceder a las prácticas quirúrgicas, como la vasectomía o la ligadura de trompas, se necesitaba recabar el consentimiento de la persona y fijaba una excepción a ese caso, que decía que cuando la persona tenga capacidad jurídica restringida (personas con discapacidad) va a ser suficiente con que lo pida su representante legal y lo autorice el juez o jueza sin recabar el consentimiento de la propia persona que iba a ser sometida a esa práctica y sin su conocimiento", detalló.
Por eso, en la modificación de la ley se contempló que todas las personas con discapacidad tienen derecho a consentir estas prácticas en forma autónoma, con los apoyos que necesiten.
"La nueva redacción de la ley lo que dice es que todas las personas con discapacidad, sin excepción, tienen derecho a consentir estas prácticas. O sea estas prácticas no se pueden realizar sin su consentimiento informado y para que ese consentimiento sea efectivamente informado hay que brindarle todos los apoyos que necesiten y la información en formatos accesibles para que puedan entender cuáles pueden ser las implicancias de las prácticas. Básicamente lo que dice la ley es que una práctica como esta a una persona con discapacidad solamente se puede hacer si ella lo solicita, nunca contra su voluntad", subrayó.
Por lo pronto, la normativa ya establece que las personas con discapacidad tienen derecho a contar con apoyos para tomar sus propias decisiones. "Es una modificación súper importante que va en línea con lo que dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que dice en su artículo 23 que las personas con discapacidad tienen derecho a mantener su fertilidad en igualdad de condiciones, a decidir el número de hijos que quieren tener, etc".
Para finalizar, Fernández sostuvo que "ahora habrá que trabajar por la implementación de la ley para que esa norma baje al sistema de salud y a los tribunales. Hay que trabajar también para que eso suceda porque ya el primer paso está, que fue la ley".