Combatir y castigar el vandalismo rural es la consigna, y tener una ley que acompañe a los productores rurales es un punto necesario para hacer frente. El proyecto de ley ya está hecho y lo presentó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. La pena: hasta 5 años de prisión a quienes provoquen destrucciones de cosechas, ya sea por ataques a silobolsas como a otros tipos de vandalismo; mientras que propone una condena de 12 años para quien libere patógenos, tóxicos o emisión de radiaciones, incendio, explosión e inundación que generen un peligro para la vida.
"Destruir un silobolsa es destruir el trabajo argentino", sostuvo el diputado Ramiro Gutiérrez en LV12 en sus consideraciones dispuestas en la normativa que contempla a este tipo de vandalismo como "delito contra la propiedad".
Los recientes daños a silobolsas en la región, en especial la zona productora de Santa Fe, pero también de Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos instó a esta presentación realizada por Sergio Massa junto al diputado Ramiro Gutiérrez (Frente de Todos) para que se tipifique como "vandalismo rural" a cualquier daño contra silos, tolvas o silobolsas.
El motivo principal de la propuesta es que así "se protegerá desde el origen el ciclo producción-exportación de un sector esencial de la economía nacional" y además una forma severa de castigar porque "destruir un silobolsa es destruir el trabajo argentino", agregó el diputado.
Debido a esto se propone la creación del delito de "vandalismo rural", para que "opere como un daño especial y agravado cuando se afecta el desempeño o explotación de un establecimiento rural", lo que podría derivar en una pena de hasta 5 años de prisión.
Hasta el momento, el Código Penal no considera "delito" sino como "estrago" a los daños a cualquier tipo de unidad de almacenamiento de cosechas. Y se enmarcan dentro de los llamados delitos contra la Seguridad Pública, requiriendo para su nueva configuración una lesividad superior y diferente a las del daño a la propiedad privada.
Por eso, el proyecto además propone penas de hasta 12 años de prisión por liberación de patógenos, tóxicos o energía, emisión de radiaciones, incendio, explosión, inundación, derrumbe, o cualquier otro proceso destructor que pueda causar el delito de estrago y que genere un peligro para la vida.