En el Informe 145 remitido a la Cámara de Diputados, distintos bloques incluyeron cuestionamientos que pusieron el foco sobre el rol del jefe de Gabinete en episodios que van desde el escándalo del criptoactivo $LIBRA hasta interrogantes sobre eventuales beneficios económicos, comunicaciones con empresarios vinculados al proyecto y posibles inconsistencias patrimoniales.
Patrimonio, $LIBRA y sospechas de corrupción: las preguntas que pusieron a Adorni bajo presión en el Congreso
Uno de los capítulos más sensibles giró en torno a $LIBRA. Legisladores reclamaron precisiones sobre supuestas comunicaciones mantenidas por funcionarios nacionales —incluido Adorni— con Mauricio Novelli y otros actores vinculados al lanzamiento del token durante febrero de 2025, además de eventuales pagos, contraprestaciones o beneficios que pudieran haber recibido funcionarios por gestiones relacionadas con ese proyecto.
La respuesta oficial evitó definiciones de fondo y se apoyó en que los hechos se encuentran bajo investigación judicial. Desde la Jefatura de Gabinete señalaron que gran parte de la información solicitada está bajo la órbita de la causa 574/2025 y remarcaron que responder sobre supuestas filtraciones o pruebas en análisis podría comprometer el expediente.
Sin embargo, el texto exhibe la dimensión política que adquirieron los interrogantes. Las preguntas incluyeron referencias a comunicaciones privadas, reuniones en Casa Rosada y Olivos, posibles cartas de intención con firmas como Kelsier Ventures, CUBE Exchange o KIP Protocol, e incluso presuntos pagos o beneficios económicos que habrían quedado bajo sospecha.
Patrimonio y conflicto de interés
Aunque el Gobierno rechazó que existan registros que acrediten pagos o contraprestaciones a funcionarios, el eje patrimonial quedó atravesando buena parte de los cuestionamientos opositores. El planteo apunta no sólo a eventuales enriquecimientos o beneficios no declarados, sino a la posible existencia de conflictos de interés derivados de vínculos entre funcionarios y privados.
En su respuesta, la Jefatura de Gabinete insistió en que no existe documentación en la Administración Pública que respalde esas hipótesis y defendió la actuación de la Oficina Anticorrupción, que abrió actuaciones de oficio y remitió información a la Justicia.
Aun así, el intercambio dejó instalado un frente incómodo: el patrimonio y la transparencia patrimonial de funcionarios empiezan a consolidarse como uno de los ejes de desgaste político para el oficialismo.
El caso $LIBRA como nuevo foco de presión
La respuesta oficial buscó encuadrar el caso como una iniciativa privada sin aval estatal, pero los cuestionamientos opositores fueron más allá y buscaron indagar si existieron reuniones, acuerdos informales o utilización de la investidura presidencial para promover activos riesgosos.
El informe también muestra que las dudas alcanzaron la estrategia comunicacional posterior al colapso del criptoactivo, incluyendo preguntas sobre la actuación del entonces vocero presidencial Adorni en la construcción de respuestas públicas del Gobierno.
Desde la oposición leen ese capítulo como un intento por determinar si hubo solo un episodio fallido de promoción de un activo digital o si existieron responsabilidades políticas mayores.
Transparencia bajo examen
Más allá de las respuestas oficiales —en gran medida remitidas a investigaciones en curso o negadas por ausencia de registros—, el informe parlamentario revela una presión creciente sobre cuestiones de integridad pública.
En ese marco, las preguntas sobre patrimonio, eventuales incompatibilidades, beneficios privados y manejo del caso $LIBRA exponen una agenda de control que amenaza con escalar en el Congreso.
El Gobierno defendió que actuó con "celeridad y responsabilidad institucional", destacó la intervención de la Oficina Anticorrupción y de la Comisión Nacional de Valores y reiteró que colaboró con la Justicia.
Pero el volumen y tono de los planteos muestran otra lectura: que alrededor de Adorni y del caso $LIBRA empieza a consolidarse un nuevo frente político donde patrimonio, opacidad y sospechas de corrupción aparecen como eje de disputa.
