En ese marco, la titular del Juzgado Civil en Familia y Sucesiones del Centro Judicial de Monteros, Doctora Mariana Rey Galindo, brindó detalles en CNN Tucumán, sobre una sentencia inédita por violencia de género en el sur de la provincia.
La profesional explicó que el fallo se dio en el contexto de una denuncia de una mujer contra su pareja por violación de las medidas de prohibición de acercamiento. Ocurrió en la ciudad de Monteros.
"En reiteradas oportunidades nosotros hemos dado estas medidas de restricción. Están previstas en la ley. Primero en 300 metros y luego se fue ampliando. Le íbamos avisando a él que íbamos a tomar medidas más gravosas si él no cumplía. Ocurrió en dos oportunidades. A la tercera situación que la señora denuncia de este incumplimiento, nosotros desde el juzgado volvemos a nuestro pronunciamiento. Se le llama desobediencia al infractor de la ley y al incumplimiento a las órdenes que habíamos dado anteriormente y no lo íbamos a tolerar", dijo la doctora.
Ante el incumplimiento se ordenó una batería ordenes para ampliar las medidas anteriores. Se dispuso una sanción pecuniaria al infractor por la desobediencia y ese dinero va a favor de la víctima. También deberá realizar trabajos a favor de la comunidad. Y también el denunciado debe ser incluido en programas para que comprenda la gravedad de la violencia contra la mujer. Rey Galindo agregó que se pidió que el infractor sea postulante al uso de tobilleras. Y por último, se impuso un patrullaje permanente, a cargo de personal de la comisaría de Monteros, para controlar al hombre. "Todo esto con el fin para asegurar la integridad personal de la señora, pero a su vez también marcar lo que es el límite de la ley hacia la conducta que tiene él", dijo la abogada
Rey Galindo remarcó que en otros casos la prohibición de acercamiento si funciona y la persona sabe lo que es una orden judicial y las implicancias que tiene. Pero en las situaciones donde no se cumple "se busca que la ley debe ser obedecida. Y prevenir otros riesgos. Es una obligación que tiene el Estado cuando suscribe los tratados internacionales".
Además también aclaró respecto a los alcances de la decisión judicial. "La orden judicial es para todos. No tan solo para el destinatario principal que es el infractor. Sino también las órdenes también para la Policía con este patrullaje que tienen que hacer las 24 horas durante 90 días. Y a su vez tienen que proveernos del listado del personal que va estar a cargo de esto. Si eso no se cumple entonces también hay una sanción pecuniaria por ese incumplimiento. El fallo es una orden", aseveró.
Respecto a la educación en perspectiva de género, la profesional contó que está a cargo de organismos del municipio junto con la Oficina de la Mujer a cargo del Poder Judicial. "Hay dispositivos y la provincia está adherida y tiene protocolos para trabajar en ese sentido", manifestó. Y mencionó que estudios internacionales, sobre todo en Europa "estos dispositivos vienen siendo muy efectivos para revertir la conducta de los responsables de la violencia".
Para finalizar, Rey Galindo remarcó que "se viene trabajando con estas propuestas para lograr lo que la ley dice, la erradicación de la violencia contra la mujer. Esto es lo que se intenta y esto es lo que persigue el fallo".