A partir de un planteo de la senadora correntina Ana Almirón, el oficialismo en la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal le envió un pedido de explicaciones al procurador interino, Eduardo Casal, sobre las medidas que se tomaron o no en torno a “visitas secretas” que los fiscales Guillermo Marijuan, Carlos Stornelli y Carlos Rívolo mantuvieron con la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante el gobierno anterior.
La oficialista leyó la nota remitida al presidente de la comisión, su par Martín Doñate, en la que requiere al procurador Casal “que informe las medidas disciplinarias o de otra índole adoptadas respecto de los fiscales” a raíz “de las reuniones secretas mantenidas con la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante los años 2017, 2018, recientemente hechas públicas por una información periodística”.
En ese sentido, Almirón señaló que de acuerdo a una nota del portal El Destape, la ahora presidenta del Pro recibió a los tres fiscales, intervinientes en causas contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, “el 24 de abril de 2017” sin que ese encuentro figure “en el registro de audiencias oficial”. “La gravedad es que todos estos fiscales llevaban causas contra la expresidenta”, enfatizó la senadora, que recordó también que en algunas de ellas la denunciante era la propia Bullrich.
La correntina resaltó la “gravedad institucional” de estos encuentros “secretos”, al detallar los días en que se habrían producido y las resoluciones que luego se daban en las causas.
Al cruce salió el diputado del Pro Cristian Ritondo, quien por ese entonces era ministro de Seguridad bonaerense. “El 24 de abril del año 2017 en el Ministerio de Seguridad de la Nación se hizo una reunión bajo la conducción del fiscal (Santiago) Marquevich, que es el titular de una fiscalía especializada en secuestros extorsivos, donde no solamente participaron estos tres fiscales, sino que participaron muchos más fiscales”, aseguró.
Para concluir, Ritondo observó que “el delito de agenda parece algo común en esta comisión” donde se cuestiona “cualquier reunión de un ministro de Seguridad con un fiscal, que es lo más normal del mundo, porque trabajan con la seguridad y trabajan con la Justicia constantemente, y más cuando es tan público como esto, que uno puede remitirse a los diarios, a las revistas, a la televisión de ese día. Fue público que no solamente estos tres fiscales, sino que hubo mucho más fiscales”.
Pedido de informes sobre un fiscal que trabajaría desde Miami
A pedido del diputado oficialista Rodolfo Tailhade también se solicitó a Casal que informe sobre el desempeño del fiscal Marcelo Martín Retes -a cargo de la Fiscalía N°23 en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal-, quien se encontraría “desde principios del mes de mayo en Miami sin que conste que haya pedido la licencia o autorización correspondiente, y que desde allí firma los expedientes mediante el sistema de firma digital”.
Además, el legislador del Frente de Todos indicó que “el incidente de inseguridad informática” que perjudicó días atrás a todas las fiscalías del país “se habría producido a partir de la reacción del sistema frente a numerosos accesos desde el exterior”. “Si esto termina siendo ratificado por el procurador me parece que es una situación muy grave”, aseveró Tailhade.