Inés Iglesias, presidenta del Consejo Social de la Universidad Nacional de La Plata, habló en LV12 sobre el informe elaborado sobre comedores y merenderos.
Desde el Consejo Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) elaboraron el informe titulado “Situación de ollas populares, merenderos y comedores en la región. Actualización 2025 ”.
Inés Iglesias, presidenta del Consejo Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), habló con LV12 sobre el trabajo que realizaron. "Venimos trabajando desde 2018 en un relevamiento que tiene como centro a comedores, merenderos, ollas populares, que nosotros englobamos bajo el nombre de sitio de distribución de alimentos, y esto lo hacemos en dos momentos. Primero construimos una base de datos en conjunto con organizaciones e instituciones de la región y después hacemos una muestra representativa de ese total y vamos a entrevistar lugar por lugar con cuestionarios bastante extensos", comenzó diciendo.
"En 2024 y 2025 sobre todo queríamos tener una información rápida que dieran cuenta de un deterioro que estaban manifestando las organizaciones sociales cuando se sentaban a conversar en la mesa del consejo y que requería el acompañamiento de equipos de investigación de extensión de la universidad", agregó la entrevistada. A partir de eso comenzaron a acotar los formularios de entrevista buscando conocer qué servicios se brindan, en qué momentos, para cuanta gente, cómo los garantizan y de donde proceden la mayor parte de los recursos.
El retiro del Gobierno nacional de toda la ayuda que se venía prestando desde el Estado hasta el momento uno de los impactos más importantes", agregó la entrevistada. Iglesias remarcó que la conclusión del informe es alarmante. "Nosotros siempre planteamos que está de alguna manera asumido que son las organizaciones sociales que se ocupan en momentos de crisis de alimentar a sus comunidades. Pero nosotros queremos poner eso en cuestión porque no es responsabilidad de estas organizaciones", detalló.
"Lo que nosotros vemos que en general son mamás que ven deambular a los chicos en el barrio con hambre y se ponen a organizar una olla, se ponen en contacto con alguna organización que consigue a través de la provincia y el municipio algún ingreso y a partir de ahí se genera toda una estructura que nace de la preocupación ver el sufrimiento en sus comunidades, no en un interés de crecer individualmente. Es muy importante aclarar que estas personas no son las responsables de garantizar el derecho humano a la alimentación, ese debiera ser el Estado. Nosotros vemos con mucha preocupación, que es lo que las organizaciones nos vienen planteando, es que las comunidades tienen cada vez menos resto para responder", añadió.
Iglesias alertó que ese espacio termina siendo ocupado por otros actores que tienen otros intereses y que son en general los grupos narcos que están teniendo un rol más importante en los barrios. "Empiezan a tener un rol no solamente de sostener ollas populares sino de funcionar de prestamistas y de empleadores lo cual a nosotros nos preocupa profundamente y es importante reflejarlo", advirtió.
