Los sindicatos elevan las amenazas de profundizar las medidas, al tiempo que el Estado provincial y la industria denuncian que se está desencadenando una catástrofe ecológica que pone en riesgo la salud de los propios trabajadores, y la sanidad de las regiones pesqueras.
Las paralizaciones gremiales de las últimas semanas llevaron a la putrefacción de más de 340 mil kilos de langostino y otras especies en la provincia de Chubut. Los sindicatos elevan las amenazas de profundizar las medidas, al tiempo que el Estado provincial y la industria denuncian que se está desencadenando una catástrofe ecológica que pone en riesgo la salud de los propios trabajadores, y la sanidad de las regiones pesqueras.
Durante las últimas horas de 2023, una repentina medida encabezada por la cúpula del SUPA (Sindicato Unidos Portuarios Argentinos), que impidió la descarga pesquera de más de 60 buques en el puerto de Rawson, desató un conflicto que se mantiene hasta hoy, excediendo a los actores involucrados y con graves repercusiones a nivel nacional e internacional.
Tan es así, que el propio Gobierno de la Provincia de Chubut, a través de la Fiscalía de Estado, oficializó una denuncia penal contra el sindicato y sus representantes bajo la carátula de “Ecocidio”, un delito que el Código Penal define como “causar dolosamente un daño grave al ambiente, por la emisión de contaminantes, la realización de actividades riesgosas o la afectación de recursos naturales”. Según un trabajo del área de estudios ecológicos y ambientales de la Cámara de Flota Amarilla de Chubut (CAFACH), la medida de fuerza “ha ocasionado un descontrol sanitario que puso y mantiene en riesgo la salud tanto de los empleados embarcados, como de los que cumplen tareas en tierra, como estibadores e inspectores, que se encuentran frente a una situación sin precedentes en la pesquería nacional e internacional”.
La totalidad de las cargas sumaban unas 700 toneladas de crustáceos que se mantuvieron bloqueadas a bordo, de las cuales unas 340 se descompusieron dentro de los barcos y fueron desechadas, mientras que las 360 restantes aún las mantiene retenidas el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) para definir si están dadas las garantías alimenticias necesarias para su posterior procesamiento, comercialización y consumo.
“La cantidad de langostino que se pudrió equivale a unas 4 canchas de fútbol llenas”, graficó Gonzalez, y reconoció que “la situación es gravísima porque no existe ningún basural o reducto sanitario que pueda dar un correcto tratamiento a semejante cantidad”.
Si bien los desechos fueron trasladados a plantas de procesamiento de residuos pesqueros sólidos, se trata de una cantidad en descomposición inédita para la pesquería nacional que aún acarrea emanaciones de gases, olores nauseabundos y diferentes daños en la salud para quienes debieron trabajar entre los miles de kilos putrefactos que causó la medida de fuerza.
Hay muchos trabajadores que no abandonaron sus puestos durante la descomposición y que siguen presentando síntomas compatibles con una grave intoxicación (dolores de cabeza y vómitos) por los gases que emanaba la mercadería que se pudrió a bordo. “Incluso hay muchos empleados que aún no han podido reincorporarse a las tareas”, indica el informe.
Al respecto, Gustavo González, Presidente de la CAFACH señaló que “es natural que existan discrepancias salariales y que se dé un debate paritario entre sindicatos y empresas, como ha ocurrido siempre, pero es inadmisible que se lleven adelante medidas de fuerza extorsivas que ponen en riesgo la salud de la gente”.
La postura intransigente de las autoridades del SUPA fue que “no se descargara nada hasta que no se firmara el incremento salarial que pretendían”, pero González manifestó que “no fue una negociación honesta, porque los barcos estaban cargados” y que “la cuestión debía haberse alertado a tiempo para que no salieran a pescar”.
El dirigente, además, adelantó que, en las próximas horas, la entidad que conduce elevará el pormenorizado informe a las autoridades provinciales y nacionales, detallando el daño ambiental, y económico que provocó la medida y aportando detalles a la causa que tiene imputados penalmente a los responsables del gremio.
A principios de mes, luego del bloqueo portuario, las entidades empresarias decidieron paralizar la pesca para evitar un daño ambiental y sanitario mayor, pero la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo reactivo luego las tareas, aunque en un contexto de amenazas e incertidumbre que sigue preocupando a todo el sector pesquero del país, dado que se teme por más medidas similares.
En materia económica, la huelga gremial causó pérdidas de más de USD 3 millones, incluyendo grandes perjuicios no sólo a la actividad, sino también a las arcas provinciales y nacionales. Al mismo tiempo, González también reconoció que “la situación pone en riesgo las exportaciones porque impidió que se cumpliera con parte de los compromisos comerciales y pone en vilo los contratos internacionales con países como EEUU y España”.
“Lo que más preocupa en el exterior es la falta de previsibilidad y les genera temor que la mercadería no tenga el tratamiento que merecen los alimentos”, explicó el titular de la entidad.
Finalmente, el referente de la CAFACH reconoció que “el país está en una situación muy vulnerable como para que nos obliguen a desechar tantos kilos de alimentos” e instó a las autoridades judiciales a “dictar una sentencia ejemplificadora contra quienes toman medidas que ponen en riesgo la salud y la seguridad alimentaria”.
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