En diálogo con LV12, el dirigente rural sostuvo que la iniciativa genera incertidumbre, principalmente porque —según indicó— no hubo participación del sector productivo en su elaboración. “Estamos bastante preocupados porque es un marco regulatorio que nunca fue consultado con el productor. Prácticamente nos lo imponen”, afirmó.
Martínez explicó que uno de los puntos más sensibles es la posible eliminación del llamado “uso propio”, una práctica habitual en el campo argentino. “Se pone en riesgo el uso propio de la semilla”, señaló.
“Hoy el productor compra la semilla y después de la cosecha puede reutilizarla. Con este nuevo esquema, se lo obligaría a comprar semilla certificada todos los años”, advirtió.
Y agregó: “Esto impacta directamente en los costos, sobre todo en el norte, donde el uso propio es clave para sostener la producción”.
Desde APRONOR también cuestionan la idea de que la falta de adhesión a UPOV 91 sea la causa del estancamiento productivo. “Se quiere instalar que el techo productivo de la Argentina se debe a no adoptar estas normas o nuevas tecnologías, pero no es así”, sostuvo Martínez.
En esa línea, remarcó que “la producción está estancada hace más de 20 años y eso tiene que ver con la presión impositiva y la falta de inversión, no con las semillas”.
El referente del sector puso el foco en la carga tributaria que enfrentan los productores, especialmente en el norte del país. “La soja sigue teniendo un 24% de retenciones, y si sumamos otros impuestos, la presión supera el 60%”, detalló. Y graficó: “De cada tres camiones que se producen, dos se los lleva el Estado en impuestos”.
Relación con el Gobierno
Sobre el vínculo con el Gobierno nacional, Martínez reconoció que existe diálogo, aunque no de manera fluida. “Nos cuesta más tener llegada desde el norte. Las entidades más grandes tienen otra llegada, pero nosotros igual tratamos de hacer escuchar nuestra voz”, señaló.
Por otra parte, el dirigente se refirió a la situación productiva en Tucumán, afectada por las recientes lluvias. “La cosecha viene muy retrasada, con lugares donde cayeron más de 100 milímetros, algo fuera de época”, explicó.
Además, indicó que las condiciones actuales complican el trabajo en el campo: “No hay piso para las máquinas y los caminos secundarios están destruidos, lo que dificulta la trilla y el traslado”.
Finalmente, Martínez advirtió que, si bien la medida aún no fue definida y deberá pasar por el Congreso, el sector ya comenzó a manifestar su postura. “Esto todavía no está decidido, pero creemos que es momento de alertar y poner el tema en discusión”, concluyó.