El documento sistematiza datos oficiales de 19 provincias y recupera testimonios de usuarias, ofreciendo una radiografía sobre la situación del aborto en Argentina. “En 2024 se mantuvo el número de IVE/ILE respecto de 2023. Entre el 84% y el 96% de las interrupciones se realizaron antes de las 12 semanas, según los estándares internacionales”, explicó Mariana Romero, médica e investigadora del CEDES. Ante la falta de distribución de medicamentos desde la Nación, muchas jurisdicciones realizaron compras propias e incluso avanzaron en producción pública, como fue el caso de San Luis y Santa Fe.
El monitoreo también advierte sobre la desigualdad entre provincias: mientras en algunas solo el 2% de los efectores garantizan el acceso, en otras la cobertura llega al 90%. Aun así, casi todas declararon haber adquirido insumos para sostener la práctica.
En paralelo, la Encuesta MACA reveló que 8 de cada 10 usuarias accedieron al aborto en los plazos previstos por la ley, aunque la mitad tuvo que afrontar algún gasto, principalmente por estudios previos. Pese a las dificultades, el 96% de las personas destacó el trato respetuoso recibido y el 92% confió en la confidencialidad del equipo médico.
En el plano legislativo y judicial, el informe registra que entre enero y julio de 2025 se presentaron 27 proyectos vinculados a la salud sexual y reproductiva, de los cuales 15 buscaban restringir derechos, aunque ninguno fue aprobado. Además, desde 2018 se iniciaron 38 causas judiciales contra la Ley 27.610: 35 fueron rechazadas y tres siguen en la Corte Suprema, lo que refuerza la vigencia y constitucionalidad de la norma.
“Estamos ante un escenario hostil, con la suspensión de programas nacionales y embates discursivos, pero el compromiso de provincias y equipos de salud sostiene el derecho al aborto legal y seguro”, concluyó Silvina Ramos, socióloga del CEDES.
