En diálogo con LV12, el psicólogo Roberto González Marchetti explicó que la ley actual “nunca se aplicó en su totalidad” y sostuvo que el debate no solo atraviesa cuestiones médicas, sino también presupuestarias y de derechos. “La ley tuvo mala fama y nunca se aplicó completamente”.
“El presupuesto previsto para salud mental debía llegar al 10%, pero nunca superó el 2%”, señaló el profesional.
Además, recordó que uno de los objetivos de la normativa era transformar el sistema de internación psiquiátrica y avanzar hacia un modelo integrado en hospitales generales.
“Nunca se cumplió totalmente el cierre o transformación de los hospitales psiquiátricos y tampoco se conformó plenamente el órgano de revisión que debía controlar las internaciones”, indicó.
González Marchetti explicó que uno de los puntos centrales de la reforma tiene que ver con las internaciones involuntarias. Actualmente, la ley establece que las decisiones deben ser tomadas por equipos interdisciplinarios y bajo control judicial.
Sin embargo, advirtió que la propuesta en debate “facilitaría las internaciones bajo la firma de un médico psiquiatra”. “Ahí aparece otro problema: no hay suficientes recursos ni psiquiatras en los hospitales generales”, sostuvo.
También planteó que la reforma podría burocratizar las externaciones, ya que una persona internada necesitaría autorización del equipo interdisciplinario y del juez para finalizar el tratamiento.
El rol de las familias y las adicciones
El psicólogo señaló además que el proyecto trasladaría mayor responsabilidad a las familias en el seguimiento de los pacientes. “El Estado sale de esa responsabilidad y eso puede generar situaciones muy complejas”, afirmó.
En relación a los consumos problemáticos, explicó que la ley vigente contempla las adicciones dentro de la salud mental, aunque aseguró que la reforma “no deja claro cómo se abordará esa problemática”. “Hay familias vulnerables que no cuentan con herramientas ni recursos para afrontar solas estas situaciones”, agregó.
Por último, González Marchetti aclaró que una eventual modificación de la ley no implica automáticamente una mejora en el acceso a la atención.
“No significa que una persona vaya a conseguir más rápido un turno con psicólogo o psiquiatra, porque eso depende del presupuesto y de la decisión política de cada provincia”, concluyó.
