Tras el tratamiento en asesores, los senadores pondrán sobre la mesa las siete iniciativas que hay presentadas al respecto, y de las cuales podría salir un único despacho. El dato llamativo es que hay iniciativas de dos opositores: el radical Juan Carlos Marino y la macrista Gladys González.
El resto de los proyectos corresponden a los oficialistas Alfredo Luenzo -presidente de la comisión-, Daniel Lovera, Antonio Rodas, Silvia Sapag y María Eugenia Duré.
Luego que en agosto pasado el presidente Alberto Fernández dijera, durante un acto en Tecnópolis, “vamos a hacer de Internet un servicio público, para que no nos estafen y roben con las tarifas”, el senador Luenzo presentó un proyecto en línea con el DNU 690/20.
Ese decreto fue objetado en la Justicia por las compañías prestadoras, aunque recientemente éstas sufrieron un revés mediante un fallo de la jueza María Alejandra Biotti (Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°5), quien afirmó la validez constitucional del decreto, ratificado además por el Senado.
Según plantea la iniciativa de Luenzo, la idea es establecer “la categorización como servicio público esencial, estratégico y en competencia de los Servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación, la consagración legal del mandato constitucional igualitario y las modificaciones a la Ley 27.078 -Argentina Digital- que permitan reducir la brecha digital”.