La Violencia de Género es uno de las problemáticas que afecta a toda la sociedad y que en los últimos años parece haberse potenciado. El pasado 4 de agosto condenaron a prisión perpetua al responsable de un femicidio en un juicio abreviado. Fue en el marco de la causa N° 1057/2020. La Sala III de la Cámara Penal Conclusional dictó sentencia aceptando el acuerdo de juicio abreviado presentado por la Fiscalía de Cámara (MPF) y el imputado Pedro Pablo Rojas, asistido por su defensa técnica. Conforme a los términos del acuerdo presentado, el tribunal encontró al imputado responsable del femicidio de Luciana Beatriz Salazar, quien era su pareja conviviente y madre de sus dos hijos menores de edad.
"El tribunal aceptó el proceso de juicio abreviado, el convenio presentado por la defensa del imputado previo acto de conformidad que había prestado el Ministerio Público. El acuerdo fue presentado en una audiencia oral y pública de carácter presencial, como son todas las audiencias que este tribunal desarrolla desde octubre del año pasado. Finalmente fue aceptado el convenio del juicio abreviado y fijándole al imputado una condena de prisión perpetua por el homicidio doblemente agravado en perjuicio de Luciana Salazar. Un hecho muy penoso ocurrido en enero de 2020", comenzó explicando en LV12 la secretaria del Tribunal, Nazaret Rodríguez Ponce de León.
La doctora comentó que el imputado llegó a la audiencia con otras causas en su haber y una de ellas también en perjuicio de Salazar por lesiones. Sucedió en 2018, ambos eran pareja en ese momento, tenían una hija y Luciana cursaba un embarazo. "En una discusión y producto de un acto muy violento ella sufre lesiones y queda privado de su libertad en ese momento", contó. Y que luego de esa situación, él le reclamaba la no visita de ella cuando estaba preso.
La profesional sostuvo que en este proceso la violencia de género ha resultado totalmente probada. "El imputado ejerció violencia sobre ella y sus hijos. La violencia era constante ya si lo determinó el tribunal en esa audiencia", aseguró.
Para Rodríguez Ponce de León, lamentablemente, para las mujeres en esta situación "cortar los lazos con el agresor es difícil". "Hay una dependencia emocional y económica, principalmente. Mas aun cuando las personas víctimas son madres y deben garantizarle a sus hijos la cobertura de sus necesidades. El Estado tiene que estar mas atento para poder asistirlas y ayudarlas, tratamientos largos en donde puedan finalmente cortar el vínculo con los agresores", añadió.
Luciana tenía cuatro hijos (dos con el femicida y dos con una pareja anterior) que actualmente están al cuidado de su abuela. "Es quien se está haciendo cargo de estos cuatro menores", expresó. Los menores recibieron la asistencia de la Oficina de Atención a la Víctima durante el proceso judicial. Y además tienen derecho al acceso de una reparación económica enmarcada en la Ley Brisa, y que es equivalente a una jubilación mínima que cobrarán los hijos hasta los 21 años.
Sobre el final, la doctora aseveró que el tribunal tiene una mirada muy contemplativa hacia este tipo de casos: "Siento satisfacción por la condena, por haber podido llegar a un juicio, en donde se han garantizando todas las condiciones a favor del imputado, todo lo que prevé la ley. Finalmente se condena este tipo de delitos tan aberrantes". Y cerró reflexionando: "no puedo no hacer un examen de conciencia y de revisión con respecto a todo lo que nos corresponde a los operadores de Justicia al poder estar atentos a estas situaciones para evitar este tipo de muertes violentas".