El nuevo régimen nacional establece un sistema específico de responsabilidad penal para adolescentes de entre 14 y 18 años imputados por la comisión de delitos. Su implementación contempla la actuación coordinada entre las distintas jurisdicciones y organismos involucrados.
La normativa sancionada por la Legislatura provincial regula la ejecución material, supervisión, seguimiento técnico y abordaje socioeducativo de las medidas y penas dispuestas por la autoridad judicial competente respecto de las personas comprendidas en la legislación nacional, cuando su implementación corresponda a organismos de la Provincia.
El proyecto fue trabajado previamente en el ámbito de la Comisión de Legislación General, presidida por el legislador Gerónimo Vargas Aignasse, a través de distintas reuniones que involucraron a representantes de los tres poderes del Estado. En este marco, se realizaron mesas de trabajo junto a la Corte Suprema de Justicia, ministerios del Poder Ejecutivo Provincial y jueces, fiscales y abogados competentes a las áreas vinculadas a la ley.
El régimen establece un sistema provincial especializado y fija entre sus objetivos la responsabilización, la integración social, la reducción de la reincidencia y la protección de la víctima y de la comunidad. Además, crea el Cuerpo de Supervisores del Régimen Penal Juvenil, que funcionará en el ámbito del Poder Judicial. Cada supervisor tendrá a su cargo el seguimiento de la persona adolescente, la articulación con distintas instituciones y el control del cumplimiento de las medidas, además del acompañamiento del proceso de reintegración.
La norma también establece que las penas deberán cumplirse en establecimientos especializados para menores de 18 años y crea el Instituto Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil “Cura Brochero”, destinado a la ejecución de penas privativas de libertad y determinadas medidas contempladas en el régimen.
El presidente de la Comisión de Legislación General, Gerónimo Vargas Aignasse, destacó el trabajo realizado para adecuar el sistema provincial al nuevo régimen nacional. “Tucumán es la primera provincia de la Argentina, a 25 días de la vigencia de la ley nacional, de terminar la adecuación procesal y el régimen penal juvenil con el plan de integración y transformación personal de ese menor, articulado con todos los poderes del Estado”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que el objetivo es que el régimen no se limite a la aplicación de una pena, sino que contemple el proceso posterior. “Lo que buscamos, además de condenarlo, es recuperarlo y devolverlo a la sociedad mejor de lo que ingresó, ponerle fin a su trayectoria criminal y reincorporarlo”, señaló.
Vargas Aignasse explicó que Tucumán cuenta con dispositivos que deberán adecuarse al nuevo régimen y anticipó la necesidad de fortalecer los equipos profesionales. “Tenemos un sistema en la Secretaría de Niñez, Familia y Adolescencia, que son dispositivos para el tratamiento de los menores en conflicto con la ley, que se van a adaptar a las edades correspondientes”, detalló.
El legislador Mario Leito señaló que la adecuación provincial responde a la necesidad de establecer las herramientas necesarias para implementar el nuevo régimen nacional. “Una cosa es la ley sancionada, la baja de imputabilidad, y otra cosa es buscar la manera para la aplicación de la norma”, explicó.
En ese sentido, remarcó que el trabajo provincial contempla modificaciones y adecuaciones administrativas y procesales, además de la definición de las estructuras necesarias para la implementación. Sobre la figura del supervisor, explicó que durante las reuniones con los distintos poderes se analizó si debía depender del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial y finalmente se resolvió que quedara bajo la órbita de este último.
Por su parte, el legislador Agustín Romano Norri destacó que el proyecto surgió de la unificación de cinco iniciativas y remarcó la importancia de garantizar su aplicación efectiva. “Es un trabajo que son cinco proyectos que se han unificado, en los cuales hoy vamos a tener la posibilidad de tener un tratamiento sobre los menores que tengan conflicto con la ley y poder brindarles las herramientas de reinserción laboral”, sostuvo. Romano Norri señaló además que el sistema deberá contar con la participación de distintas áreas del Estado.
Por último, la legisladora Silvia Elías de Pérez destacó el carácter especializado del régimen y puso el foco en las políticas de prevención y acompañamiento. “Lo que está haciendo esta ley es estar presente, educación, tratamiento para consumos problemáticos, tratamiento psicológico”, sostuvo.
