Según informaron fuentes oficiales, la decisión se tomó luego de reiteradas inspecciones sin respuestas concretas por parte de la administración provincial, denuncias de presunto vaciamiento realizadas por los trabajadores portuarios y la preocupación expresada por representantes de las empresas navieras que operan en la terminal austral.
La respuesta provincial fue inmediata. El gobernador Gustavo Melella aseguró en X que no hay razones para la medida tomada por la administración Milei. "El Gobierno nacional decidió avanzar sobre la administración del Puerto de Ushuaia. No compartimos ni la medida ni sus fundamentos, y creemos que no existe una justificación objetiva para una decisión de esta magnitud”, sostuvo.
El Puerto de Ushuaia opera con normalidad y atraviesa una temporada récord de buques y cruceros. La ciudadanía fueguina, los turistas y quienes transitan diariamente por el puerto son testigos de su actividad constante", se defendió el gobernador.
Más taxativo fue el titular de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia. "No permitiremos que se utilicen falsos pretextos técnicos como cobertura para una intervención arbitraria y extorsiva”, lanzó y aseguró que hay una gran contradicción en la resolución que ordena la intervención del puerto porque primero suspende la habilitación de la terminal portuaria, pero enseguida en otro artículo suspende la suspensión, habilitándolo, para "no afectar la operación portuaria".
"Esta incongruencia expone la verdadera intención: no se actúa por razones de seguridad o infraestructura, sino que se utiliza la amenaza de inhabilitación como herramienta de presión para justificar una intervención arbitraria”, sostuvo.
Según la administración Milei, durante las inspecciones, la ANPYN constató múltiples fallas en la infraestructura portuaria. Entre ellas, el faltante de pilotes en el sitio 3 del muelle, defensas deterioradas, problemas en el tablestacado, deficiencias en la carpeta asfáltica y falencias en las condiciones básicas de seguridad operativa. A esto se sumaron observaciones críticas sobre la gestión administrativa y financiera del puerto, todas debidamente notificadas a las autoridades provinciales.
Uno de los puntos más llamativos del informe es la ausencia de un registro adecuado de ingresos, egresos y compras. Esa tarea había sido tercerizada por la administración provincial en una empresa que, según los registros oficiales, figura habilitada para la venta de paraguas, termos y pelucas, sin antecedentes vinculados a la administración portuaria.
Además, la auditoría reveló un uso irregular del presupuesto del puerto. La normativa vigente establece que esos fondos deben destinarse exclusivamente a inversiones en la propia terminal. Sin embargo, se comprobó que el gobierno fueguino utilizó un 33% del presupuesto para subsidiar gastos generales de la provincia, mientras que apenas el 1,3% fue asignado a obras y servicios para mejorar la calidad operativa del puerto.
Mientras dure la intervención, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación contará con la asistencia de la Prefectura Naval Argentina para reforzar las condiciones de seguridad y optimizar las tareas operativas. En tanto, las principales gerencias continuarán a cargo de personal fueguino, que —según aclararon— posee la capacidad técnica y el conocimiento necesario para garantizar el funcionamiento cotidiano del puerto.
