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Reunión clave con empresarios por el acuerdo de precios

El gobierno buscará este lunes sellar un acuerdo para congelar precios hasta enero. De lo contrario, podría apelar a la ley de abastecimiento. 

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, se reunirá este lunes con productores y comercializadores de alimentos para terminar de evaluar las contrapropuestas presentadas por el sector privado para poner en marcha un acuerdo de precios estables de 1.247 productos de consumo masivo que estará vigente hasta el 7 de enero próximo.

En la reunión de este lunes, al igual que en el encuentro realizado el miércoles pasado, participarán directivos de las empresas Diarco, Maxiconsumo, Vital, La Anónima, Coto, Día, Changomás y Carrefour, así como de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), de la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) y de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas.

En la previa a la reunión de mañana, Feletti advirtió el viernes último que de no haber acuerdo con los productores y comercializadores de alimentos, se avanzará con la Ley de Abastecimiento y "políticas de precios máximos no consensuadas", y anticipó que luego de los alimentos se buscará extender la política de precios a otros sectores.

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Reunión clave con empresarios por el acuerdo de precios

Reunión clave con empresarios por el acuerdo de precios

¿Qué atribuciones otorga la Ley de Abastecimiento?

La ley de Abastecimiento, que fue sancionada en 1974 y modificada en 2014, faculta al Estado a intervenir en los mercados para fijar precios y márgenes de utilidad cuando lo considere necesario. También le permite aplicar sanciones, suspender comercios o realizar allanamientos y procedimientos en establecimientos industriales sin orden judicial.

La norma prevé multas económicas de hasta 10 millones de pesos; clausura del establecimiento por 90 días; inhabilitación para el acceso al mercado de créditos; inhabilitación especial de 5 años para ejercer el comercio y la función pública; suspensión de 5 años en los registros de proveedores del Estado; pérdida de concesiones y privilegios en regímenes impositivos; comiso de la mercadería.

A su vez, faculta al Estado a ingresar e inspeccionar establecimientos, secuestrar libros contables, intervenir el transporte de los materiales, realizar clausuras preventivas, inmovilizar mercadería y citar a presuntos infractores a prestar declaración.

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