La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) comenzó a inspeccionar en empresas y domicilios de los contribuyentes que no pagaron el aporte solidario, una iniciativa surgida en el seno de la pandemia cuyo objetivo es recaudar una suma por única vez de las personas más acaudaladas del país, para destinar al combate del coronavirus y ayudar a pymes complicadas económicamente, entre otras cuestiones.
Los inspectores les exigieron documentación y les advirtieron que "no los libera de las obligaciones fiscales previsionales que le corresponda cumplir", según las notificaciones entregadas en los operativos. Exigen además información sobre cambios en los patrimonio, donaciones o conformación de trusts, entre otros datos contables.
Las notificaciones también intiman a los contribuyentes a "efectuar la presentación de las declaraciones juradas e ingresos pertinentes dentro de los plazos legales".
Fuentes de la AFIP informaron que los operativos alcanzan a contribuyentes de alto patrimonio o que presentaron notas en el organismo notificando una acción judicial contra el pago del impuesto.
Según las notificaciones, el organismo pide a los contribuyentes aportar la documentación de la declaración jurada, acuse de presentación y comprobantes de pago correspondientes. Les exige también detallar los bienes gravados por la ley de impuesto a los réditos al 18 de diciembre último y valuados a esa fecha, según lo dispone esa norma y el decreto reglamentario 42/2021.
Otro de los requisitos que exige la AFIP es la descripción los bienes exteriorizados en la declaración jurada de Bienes Personales 2019 y la tenencia al 18 de diciembre de 2020, si corresponde.
Fuentes del organismo estimaron que el 28 de abril próximo, fecha del vencimiento de primera cuota del plan de pagos, la recaudación por el impuesto a la riqueza podría llegar a los 12 mil millones de pesos.
En la AFIP estimaron que la recaudación por el impuesto podría superar la meta de los $200.000 millones.
El Aporte Solidario y Extraordinario, que fue sancionado por el Congreso de la Nación con carácter de emergencia y por única vez, se trata de uno de los instrumentos implementados por el Estado nacional para ampliar y fortalecer las fuentes de financiamiento en el marco de la pandemia del COVID-19.
Alcanza a aquellas personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior, y a las personas humanas y sucesiones indivisas no residentes por la totalidad de sus bienes en el país, siempre que los mismos superen la suma de 200 millones de pesos.
¿Cuál es el destino de los fondos recaudados?
La legislación aprobada por el Congreso estipula que la asignación de los fondos recaudados por el impuesto se realizará de la siguiente manera:
-Un 20% a la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria.
-Un 20% a subsidios a las micro, pequeñas y medianas empresas, con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores.
-Un 20% destinado al programa integral de becas Progresar, para reforzar este programa que acompaña a las y los estudiantes con un incentivo económico y un importante estímulo personal en todos los niveles de formación durante su trayectoria educativa y/o académica.
-Un 15% para el Fondo de Integración Socio Urbana, enfocado en la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares.
-Un 25% a programas y proyectos que apruebe la Secretaría de Energía de la Nación, de exploración, desarrollo y producción de gas natural.