Por medio de la Decisión Administrativa 1891/2020 publicada este martes en el Boletín Oficial, el gobierno del presidente Alberto Fernández exceptuó a los ciudadanos chilenos que viven en la Argentina del cumplimiento de la cuarentena para que puedan votar el próximo domingo en el plebiscito que definirá si Chile avanza o no en la conformación de una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución nacional heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.
Así quedaron exceptuados no solo los habilitados para sufragar sino también el personal afectado al desarrollo del acto electoral y a las actividades previas y posteriores a él, incluyendo seguridad de los comicios y traslado de documentación. También se informó, que se habilitó el tránsito interjurisdiccional del personal del ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, de la Policía de Investigaciones de Chile y demás autoridades que el país vecino designe.
De esta manera, el gobierno nacional deberá asegurar las gestiones correspondientes para que puedan llevarse a cabo los actos preparatorios para que los chilenos residentes en la Argentina puedan participar del Plebiscito Nacional 2020, que tendrá lugar el próximo domingo.
El Servicio Electoral de Chile elaboró el protocolo sanitario correspondiente aplicable al proceso electoral tanto dentro como fuera de su territorio. En tanto, la Argentina puede dictar medidas sanitarias complementarias para garantizar las condiciones de higiene y salubridad del acto eleccionario.
Las personas alcanzadas por esta medida podrán utilizar el próximo domingo el transporte público de pasajeros urbano e interurbano, pero se verán limitadas al estricto cumplimiento de la votación. Para ello, deberán tramitar el "Certificado Único Habilitante para Circulación".
El plebiscito surgió de un acuerdo político inédito en noviembre, al calor de las protestas. Se fijó para el 26 de abril pero se pospuso por el coronavirus que golpeó fuerte a este país de 18 millones de personas. Más de 14 millones pueden votar, entre ellos extranjeros con más de cinco años de residencia, sobre la posibilidad de redactar una nueva Constitución que reemplace la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), reformada en gobiernos socialistas y demócratas cristianos, pero percibida como la madre de los problemas de discriminación, concentración de poder económico y desigualdad social.