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Cristina estará durante los alegatos en el juicio Vialidad

La vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner deberá volver a conectarse al Zoom del juicio de Vialidad para escuchar la acusación de la fiscalía.

Este lunes 1 de agosto a las 08:30 de la mañana todos los imputados estarán obligados a presenciar el inicio de los alegatos del Ministerio Público. El fiscal Diego Luciani buscará acusar a la expresidenta Cristina Kirchner como “jefa de asociación ilícita y defraudación al Estado” a partir del presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez.

El Tribunal Oral Federal 2, a cargo de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso le otorgó a la fiscalía nueve audiencias para exponer sus argumentos, que se extenderán por tres semanas consecutivas.

La gran incógnita es qué elementos pondrán arriba de la mesa Luciani y Sergio Mola para acusar a Cristina Fernández de Kirchner, si se contempla que ninguno de los 109 testigos, incluyendo a los denunciantes Javier Iguacel y Ricardo Stoddart, la pudo ubicar en forma directa como parte de las supuestas maniobras.

De hecho, con las declaraciones bajo juramento quedó demostrado que no se requiere intervención o aprobación de la presidencia de la Nación para la designación de partidas para obras viales en ningún distrito. Todos los exjefes de gabinete de Cristina Kirchner, entre ellos el actual presidente, Alberto Fernández, aseguraron bajo juramento que las obras se contemplan y aprueban por ambas cámaras del Congreso en la ley de Presupuesto Nacional. Este punto favoreció la posición de Cristina Kirchner y dificultó a la fiscalía en su objetivo de vincularla con los hechos investigados.

Sobreprecios y peritaje cuestionado

Por los trascendidos y el desarrollo del debate oral en más de tres años, todo indicaría que los fiscales sostendrán la acusación en base al cuestionado peritaje oficial en el que dos de los tres peritos concluyeron que hubo sobreprecios a favor del empresario patagónico. Sin embargo, ninguno de los tres especialistas se puso de acuerdo ni en la metodología ni en las conclusiones. Mientras los ingenieros Pablo Eloy Bona y Roberto Panizza afirmaron que se pagó de más por las rutas, su colega Adriana Alperovich afirmó que no hubo fraude al Estado, ya que no hubo pliegos por encima de los valores de mercado.

De hecho, antes del inicio de la feria judicial, la Unidad de Información Financiera, parte acusatoria de este juicio, afirmó que Bona y Panizza “realizaron un cálculo inentendible” y con “errores graves”, por lo que “sería irresponsable avanzar en una acusación” por defraudación. Tampoco por asociación ilícita -señalaron- por considerar que no pudo haber tal organización delictiva si no hubo delito.

Obras paralizadas

Otro de los ejes del Ministerio Público para pedir condenas estará centrado -seguramente- en que algunas de las obras de Austral Construcciones quedaron paralizadas a finales de 2015. El argumento de la defensa, que fue respaldado por varios testigos, es que había un conflicto gremial porque Vialidad le debía dinero a la empresa. Por lo tanto -dicen- cómo pudo haber sido beneficiado Báez si el Estado dejó de pagarle a término, lo que generó un conflicto con sus trabajadores.

Beneficios a Santa Cruz

Otro interrogante será si Luciani y Mola sostendrán la hipótesis de direccionamiento de las obras para Santa Cruz en detrimento de otras provincias. Todos los exfuncionarios que desfilaron como testigos por el debate afirmaron que no hay ninguna reglamentación o normativa que ordene al Poder Ejecutivo destinar determinada cantidad de trabajos a un distrito o a otro, sino que se trata de una decisión política de cada gobierno, que, además, no debe estar atada a la cantidad de habitantes de un lugar, sino a las necesidades de infraestructura. Es decir, puede cuestionarse política o hasta éticamente el porcentaje de obras que se destina a cada rincón del país, pero no es una medida judiciable.

Fariña

El único testigo que mencionó en concreto la existencia de sobreprecios fue el mediático Leonardo Fariña. Sin embargo, su declaración fue sin juramento de decir verdad, por estar imputado en otro expediente con hechos e imputados conexos a este juicio. Por este motivo, su testimonio no tendrá la fuerza suficiente en el alegato de la acusación y será duramente cuestionado por las defensas.

Bajo ese contexto, Fariña declaró que supo por terceras personas de pagos indebidos y no puedo acreditarlo en forma directa. Según declaró, supo de los presuntos beneficios a Austral por dichos del propio Lázaro Báez y afirmó que “el sobreprecio venía en la obra y luego con las redeterminaciones de precios”.

El financista fue protegido por el gobierno de Mauricio Macri y beneficiado con una reducción de pena, tras declarar como arrepentido por lavado de activos en la causa conocida por la Ruta del Dinero.

Así las cosas, de cara al inicio de los alegatos de la fiscalía crece la expectativa entre las partes y los acusados.

Además de Cristina Kirchner están imputados el empresario Lázaro Báez; el exministro de Planificación Federal Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas José López; Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas; Carlos Kirchner, exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública y primo del expresidente Néstor Kirchner; Nelson Periotti, exdirector Nacional de Vialidad; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, exjefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Juan Carlos Villafañe, Héctor Garro, Raúl Pavesi y José Santibáñez, expresidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz (denominado como Distrito 23).

Para estos último, la UIF pidió un año de prisión y dos de inhabilitación por entender que no controlaron como debían las obras de Austral en la provincia de Santa Cruz.

FUENTE: Ámbito

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