Frente a la escalada inflacionaria, el Gobierno reforzó los programas de promoción y asistencia social, siendo de las únicas partidas presupuestarias que le ganaron a los precios en los últimos doce meses y exhiben un alto nivel de ejecución. En montos, las partidas a marzo se incrementaron un 117 por ciento, con un crecimiento real respecto de la inflación esperada de 103,7 por ciento interanual.
El aumento se explica principalmente por el elevado nivel de ejecución, ya que los montos de las partidas destinadas vigentes quedaron rezagadas frente a la suba de precios y el recorte de 150.000 beneficiarios dentro del programa Potenciar Trabajo. La efectividad de los refuerzos sociales seguirá condicionada a la posibilidad de reducir una inflación que absorbe cualquier ajuste nominal de ingresos.
En el diseño presupuestario para este año, a través de la decisión administrativa publicada el 10 de enero en el Boletín Oficial, el Gobierno había dejado sin efecto la ampliación del gasto en políticas alimentarias, con un recorte de 100.000 millones de pesos, según el informe realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Sin embargo, varias partidas tuvieron que ser reforzadas y acelerada su ejecución frente a una inflación que no cede y eleva exponencialmente los niveles de pobreza e indigencia.
Este martes el presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía, Sergio Massa, y la de Desarrollo Social anunciaron un aumento de 35 por ciento, y dos nuevos ajustes trimestrales, en los montos de la tarjeta Alimentar para las familias con hijas e hijos de hasta catorce años que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, la Asignación por Embarazo o la Pensión Contributiva para madre de 7 o más hijos/as. Este incremento implica un refuerzo de la inversión en seguridad alimentaria para lo que resta de 2023 de 121.000 millones de pesos, compensando el recorte vigente presupuestado para este año.