La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) pidió la dimisión del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. El gobierno, en respuesta, hizo un llamado “a la racionalidad y a la convivencia pacífica”, mientras fustigó a los líderes indígenas, que rompieron los diálogos con el ejecutivo porque no ven disposición para ser escuchados.
El Gobierno y la Conaie cerraron en octubre negociaciones que entablaron como parte de un “acto de paz” que puso fin a las manifestaciones de junio, pero sin lograr un acuerdo sobre el precio de los combustibles, el tema más álgido de las conversaciones.
“Rompemos el diálogo”, expresó Leonidas Iza, presidente de la Conaie, al informar por redes sociales sobre la decisión tomada por el consejo ampliado de la agrupación, que se reunió el viernes en Quito y que además pidió la renuncia del presidente del país, el derechista Guillermo Lasso.
El Gobierno rechazó la “actitud antidemocrática de ciertos sectores políticos” y sostuvo que se mantiene abierto a conversar.
La decisión de Conai se tomó en su consejo ampliado en Quito, el 24 de febrero de 2023, en el que se cerraron 14 resoluciones. De los puntos publicados por la organización indígena, el 5 y el 6 hablan de la salida anticipada del Presidente.
El primero dice: “Exigir al presidente Guillermo Lasso, por su incapacidad de gobernar y resolver los problemas más sentidos de los ecuatorianos, presente su renuncia, frente a las acusaciones de supuesta corrupción contra su círculo cercano” y el 6 plantea: “Exhortar a la Comisión del Caso Encuentro, la Asamblea, la Corte Constitucional y la bancada de Pachakutik, que apliquen con rigurosidad los mecanismos jurídicos para dar paso el juicio político”.
Lasso, además, atraviesa un momento de extrema debilidad luego de perder el referéndum constitucional y las elecciones regionales del pasado 5 de febrero. Eso llevó a la oposición correísta y los indígenas del partido Pachakutik a pedir la salida del jefe de estado, ya sea por la destitución constitucional bajo la figura de “muerte cruzada” o un referéndum revocatorio. En ambos casos, se adelantarían las elecciones.
Un asesinato teñido en petróleo
Conaie también responsabilizó al gobierno nacional por el asesinato a tiros de uno de sus altos dirigentes, Eduardo Mendúa, del pubelo Kofán, en una localidad amazónica donde las comunidades mantienen una lucha con las empresas petroleras.
Una persona fue detenida en la madrugada de este lunes por su presunta relación con el crimen. El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, aseguró que este hecho no es aislado, ya que los diez altos dirigentes que forman parte de la cúpula de la organización vienen recibiendo amenazas desde junio pasado, tras las protestas contra la política económica del gobierno de Guillermo Lasso
Iza recordó que en la zona donde se produjo el crimen, las comunidades indígenas han exigido un proceso de “consulta previa” a la actividad petrolera, como señala la Constitución y la normativa internacional, pero que no se produjo y, más bien, las empresas intentaron ocupar esos territorios a la fuerza. El líder indígena dijo además que la cúpula indígena soporta una persecución permanente, por lo que llamó a los organismos internacionales que defienden los derechos humanos a vigilar y proteger “la vida de los dirigentes sociales”.
En la última década, las petroleras estatales Petroamazonas y Petroecuador intentaron reanudar las operaciones, pero se encontraron con la resistencia de parte del pueblo Kofán. Un sector de indígenas apoya a las actividades petroleras, sobre todo porque así tendrían trabajo en las empresas, pero otro grupo, que integraba Mendúa —que además era responsable de Relaciones Internacionales de la CONAIE— se opone.
El presidente rodeado
Una comisión anticorrupción del Congreso de Ecuador recomendó ayer iniciar un juicio político en contra del presidente Lasso por presunta corrupción.
El informe que produjo “recomienda enjuiciar políticamente al presidente” por “delitos contra la seguridad del Estado y contra la administración pública (cohecho, concusión y peculado)” en el marco del denominado caso “Encuentro”, señaló la Asamblea Nacional en un comunicado.
La comisión que investigó el caso se formó a raíz de que el portal La Posta revelara en enero una supuesta estructura de corrupción montada por Danilo Carrera, cuñado de Lasso, en empresas públicas.
“El presidente de la República, Guillermo Lasso, fue advertido por el exsecretario Anticorrupción, Luis Verdesoto, de los posibles actos de corrupción y no solo (…) no los denunció, sino que intentó impedir la actuación fiscalizadora de la Asamblea Nacional”, agregó el comunicado.
El mandatario, quien se encuentra en una visita oficial en Costa Rica, no se ha pronunciado sobre el informe de la comisión anticorrupción. Sin embargo, el gobierno ha negado que exista una trama de corrupción en sus filas desde la difusión de las denuncias.
El documento de la comisión aún debe ser estudiado por el pleno del Congreso, donde la mayoría es de oposición. Para iniciar un juicio político contra el presidente se necesita el voto de al menos una tercera parte de los diputados (46 de 137).
La solicitud es luego estudiada por la Corte Constitucional, que da vía libre o no a su trámite en el Congreso, que requiere el voto de dos terceras partes de los diputados para proceder a la destitución.
Este es el segundo intento del Legislativo de destituir a Lasso. El junio, en medio de violentas protestas indígenas contra el alto costo de la vida, asambleístas de oposición presentaron una moción para cesar al mandatario por grave conmoción social, pero no reunieron los votos necesarios.
Otras acusaciones pesan sobre la cabeza del mandatario de derecha, incluso las versiones que lo vinculan con cárteles del narcotráfico.