La medida, que redefine el alcance de la preservación de estas reservas de agua dulce, fue formalizada mediante el Decreto 271/2026 publicado en el Boletín Oficial, tras su sanción definitiva en el Congreso el pasado 8 de abril con 137 votos a favor, 111 negativos y tres abstenciones.
El cambio fundamental de la nueva normativa radica en la transferencia de competencias hacia las jurisdicciones provinciales. A partir de ahora, cada provincia tendrá la facultad de establecer sus propios criterios técnicos para determinar qué cuerpos de hielo y áreas periglaciares serán protegidos.
Si bien la ley original de 2010 establecía una protección rígida como bienes públicos estratégicos, el nuevo texto permite que aquellas áreas que no sean catalogadas bajo los nuevos criterios locales queden fuera de la protección específica de esta ley.
FUENTE: NA