Este miércoles 4 de diciembre, la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I del MPF, al mando de María del Carmen Reuter, imputó a un hombre de 45 años (dijo desempeñarse como contratista de obra) por el delito de defraudación por estelionato (fingir que el bien ajeno que se vende es de propiedad del autor), hecho ocurrido el 8 de abril del corriente año.
La auxiliar de fiscal, María Paula Bellomio, describió las características del hecho y pidió la prisión preventiva por tres meses (por inexactitud de arraigo y riesgo de fuga). “Es un hecho complejo porque se han creado empresas de personas que se dedican a estafar en Tucumán, es decir, usurpan los terrenos y viviendas precarias donde pueden ingresar para luego venderlas y publicarlas en redes sociales, perjudicando a terceros que compran con buenas intenciones.
A nuestro criterio no actuó solo (una femenina está siendo investigada) y el secuestro de su teléfono permitirá determinar cómo se compone esta banda que se dedica a estafar a los tucumanos”, puntualizó Bellomio quien mencionó que posee otros legajos en trámite donde es investigado por delitos similares. En total fueron secuestrados cinco celulares y dos automóviles (uno de ellos requerido desde el Juzgado de Córdoba). “Estamos en presencia de una causa compleja con una pluralidad de víctimas (cuyos testimonios se irán sumando)”, agregó la investigadora quien adelantó que en otra audiencia se solicitará se declare la causa como asunto complejo. Finalmente, la jueza interviniente redujo el plazo por el término de 62 días (con vencimiento el 3 de febrero de 2025).
El engaño y el perjuicio económico
El 8 de abril del corriente año, el imputado junto a una femenina (identidad a determinar), vendieron a la mujer víctima, mediante boleto de compra-venta certificado por escribano público en fecha 8 de mayo, un terreno ubicado en San Pablo (departamento de Lules), a sabiendas que el mismo no les pertenecía y no tenían por tanto derecho alguno a la venta, ocasionándole a la ciudadana un perjuicio patrimonial por la suma de $2.000.000 como adelanto, $47.000 en gastos de escribanía, $45.000 en gastos de martillero, además de la entrega de 24 pagarés firmados por la suma de $200.000, los cuales iban incrementando con un interés del 40% a partir del sexto mes, todos los cuales quedaron en poder de los sospechosos.