El documento publicado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) alude a distintas entrevistas y publicaciones de redes sociales protagonizadas por el presidente Javier Milei y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, cara visible del oficialismo en la discusión dada la ausencia mediática y en instancias de diálogo oficiales del secretario de Educación, Carlos Torrendell.
"Rechazamos y repudiamos los ataques y agresiones infundadas", plantea el texto de los rectores, que además aseguran que "no estamos dispuestos a aceptar pasiva ni gratuitamente que se acuse de delincuente al presidente del CIN", en referencia a Franco Bartolacci. "Estamos frente a un intento sistemático de desacreditar institucionalmente a quienes ejercemos legítimamente la defensa de la universidad pública, gratuita y federal", consideran.
En ese marco, apuntaron que "cuando un gobierno reemplaza el debate democrático por el insulto, la descalificación y la estigmatización, lo que está en juego no es una política pública solamente, es la propia calidad de la convivencia democrática". "Estos avasallamientos se fortalecen sobre el miedo, el silencio y la intimidación. Y no tenemos miedo. Tampoco estamos dispuestos a callarnos ni a mirar hacia otro lado frente a semejante degradación del discurso público", remarcaron.
Al igual que las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA), los rectores del CIN le pidieron a la Corte Suprema de Justicia que se expida con la mayor velocidad posible sobre la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria. "La sociedad argentina necesita una definición clara que ratifique algo que debería ser obvio en cualquier democracia madura: nadie puede estar por encima de la Constitución ni de la ley. Ni los ciudadanos comunes, ni los funcionarios públicos, ni siquiera el propio Presidente de la Nación", plantearon.
Así fue que subrayaron que "defender la universidad pública no es un delito; delito es pretender gobernar por encima de la ley, desacreditando a quienes piensan distinto o reclaman derechos legítimos".
Al concluir, el comunicado sostiene que "la universidad pública argentina no va a retroceder frente a la agresión, la intimidación ni la descalificación. Vamos a seguir defendiendo, con firmeza y responsabilidad, el derecho social a la educación superior, la producción científica y tecnológica y el carácter democrático, plural y federal de nuestras universidades".
