El dato surge de un informe del Instituto de Desarrollo Social Argentino (IDESA), donde se señala que “postergar la adaptación de las coberturas para la vejez a la dinámica demográfica lleva a descuidar otras funciones esenciales del Estado”.
Según advierte la entidad en su reporte, "estos datos muestran que en la Argentina el gasto para la vejez también presenta una tendencia sostenida al crecimiento con impacto determinante en la dinámica de las finanzas públicas".
Al comparar la evolución del gasto destinado a jubilaciones y PAMI frente al resto del gasto público como porcentaje del PBI (tomando como base igual a 100 el promedio de la década de 1980), el estudio refleja la variación a lo largo de los años.
En 1995, el gasto para la vejez subió a un índice de 163, mientras que el resto del gasto público cayó a 94. En 2017, las erogaciones para los adultos mayores alcanzaron un pico de 220, en tanto que el resto del presupuesto estatal aumentó a 137.
En tanto que, durante 2024, tras las medidas fiscales aplicadas al comienzo de la gestión libertaria, el resto del gasto público retrocedió a 105, mientras que el gasto en vejez descendió a 173, según reflejó el estudio.
En este marco, desde IDESA precisaron que "luego del ajuste aplicado por el actual gobierno, el gasto público no vinculado a la vejez es apenas un 5% superior, en términos del PBI, al que había en el promedio de la década del ’80. El gasto para la vejez, en cambio, es un 73% mayor."
Asimismo, el análisis recuerda que la última reforma estructural del sistema previsional argentino se llevó a cabo en 1993. Frente a la ausencia de cambios de fondo, la entidad indicó que "la estrategia común de gobiernos con diferentes orientaciones ideológicas fue licuar el gasto con inflación", apelando a la alta variación de precios y a la "manipulación de la fórmula de movilidad" como vía de ajuste.
En materia de salud previsional, el reporte remarca que el PAMI nunca fue adaptado a los cambios demográficos desde su fundación en 1971, lo que derivó en limitaciones en la cobertura e impuso la carga de la atención sobre los hospitales públicos provinciales.
Ante el argumento de que el crecimiento económico o una futura reforma laboral resolverán el déficit del sistema, IDESA califica esa postura como equívoca: "Demorar la adaptación del sistema de la vejez bajo el argumento de que con el retorno del crecimiento económico y la reforma laboral habrá más recursos es un grave error".
Para encaminar la sustentabilidad previsional y sanitaria, el centro de estudios plantea tres medidas concretas:
Cuentas nocionales: calcular los haberes previsionales en función de los aportes reales de toda la vida activa y la expectativa de vida al retirarse.
Revisión de la pensión derivada: convertirla en una cobertura voluntaria mediante un aporte específico para su financiamiento.
Reforma del sistema de salud: permitir que los trabajadores conserven su obra social de la etapa activa al jubilarse y ajustar el Programa Médico Obligatorio (PMO) a los recursos efectivamente disponibles.