En un contexto de alta tensión por la situación financiera de la obra social más grande de Latinoamérica, el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, reconoció la existencia de una crisis en el Pami, aunque aseguró que los pagos a los prestadores ya comenzaron a ejecutarse.
Estas declaraciones se produjeron durante su exposición en la cumbre de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (AmCham), en coincidencia con una medida de fuerza que afecta la atención de millones de jubilados.
La postura del Gobierno y la deuda millonaria
A pesar de admitir que la entidad atraviesa un momento crítico, Lugones buscó llevar tranquilidad al afirmar que “la plata llegó” y que el organismo se encuentra actualmente cumpliendo con sus obligaciones de pago. Esta transferencia de fondos busca mitigar un conflicto con farmacias y centros de salud por pagos adeudados que ascienden a los 500 mil millones de pesos.
Para abordar esta situación, el titular de la cartera de Salud mantuvo previamente una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo de normalizar el flujo financiero hacia la obra social, que cuenta con 5.7 millones de afiliados en todo el país.
El reclamo de los médicos de cabecera
Pese a los anuncios oficiales, los médicos de cabecera iniciaron este martes un paro de 72 horas que se extenderá hasta el miércoles inclusive. El eje del conflicto es la reciente Resolución 1107/2026, publicada en el Boletín Oficial, la cual modifica el esquema de ingresos de los profesionales.
Desde la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (Appamia), denunciaron que la medida representa un "recorte sustancial de los ingresos" bajo la apariencia de un ordenamiento del sistema. Según el sindicato, los cambios incluyen:
La eliminación de la consulta presencial como fuente de ingreso.
La incorporación de más prestaciones dentro de un pago fijo (cápita de $ 2.100).
La quita de incentivos económicos a la formación profesional.
Impacto en la atención
La medida de fuerza provocó la suspensión de turnos programados, aunque desde los gremios aclararon que se mantiene la atención de urgencias para no desproteger a la población vulnerable. Además de la derogación de la resolución y aumentos salariales, los profesionales exigen la reincorporación de colegas que habrían sido cesanteados sin causa.
Mientras el Gobierno intenta normalizar los pagos, el conflicto gremial persiste, dejando en evidencia la fragilidad del sistema prestacional del Pami en medio de una profunda reestructuración presupuestaria.